El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado a interrogar este lunes a los 33 exmiembros del Consejo de Administración de Bankia que están imputados en la causa en la que se investiga la fusión de las cajas que dieron origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa.
El primer exconsejero de Bankia que ha declarado como imputado en la Audiencia Nacional ha asegurado que los miembros del consejo de la entidad desconocían las advertencias realizadas por el Banco de España y la auditoría Deloitte sobre la situación real de la entidad cuando en marzo y mayo de este año votaron a favor de reformular las cuentas y solicitar ayudas públicas, informaron fuentes jurídicas.
«Nos enteramos de la situación cuando se propuso el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente», ha manifestado el presidente de La Caja de Canarias y Cruz Roja Española, José Manuel Suárez del Toro, durante su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el proceso de fusión de las cajas que conformaron la entidad y su salida a bolsa.
El juez Andreu ha aplazado hasta mañana, martes, a las 10.30 horas, la declaración del secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Villanueva Pareja, después de que éste alegara que no podía acudir al juzgado porque tenía una citación judicial anterior.
Las comparecencias en esta causa, iniciada a partir de una querella interpuesta por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y otra del colectivo ’15MpaRato’, se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En el caso de el expresidente de Caja Segovia y exconsejero de esa entidad en el Banco Financiero, Atilano Soto, está llamado a declarar el próximo 26 de noviembre.
A los 33 imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
En un auto dictado el pasado 4 de julio, el juez Andreu señalaba que los hechos denunciados «encajan plenamente en el concepto material de defraudación» y advertía de que la quiebra de la entidad «podría desestabilizar todo el sistema financiero del país».
Según la querella presentada por UPyD, el deterioro patrimonial de la entidad fue «creciendo progresivamente en un breve espacio de tiempo, pasando el balance en pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros».
UPyD denunció que los consejeros de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas de ambas entidades para crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les sirvió para «mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores». La formación política también presentó una querella en la que pide que se impute a los antiguos consejeros de Caja Segovia.
