La Audiencia Provincial de Baleares juzgará, desde el viernes de la próxima semana hasta el 3 de junio, al empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como ‘Taganskaya’ y acusado de blanquear en Mallorca más de 14 millones de euros procedentes de su actividad criminal en Rusia.
En concreto, la Fiscalía reclama 17 años de cárcel para el inculpado al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia de origen lícito. Para ello, el Romanov se habría valido de la colaboración de su familia y otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los otros once acusados que junto a él se sentarán en el banquillo.
La acusación pública les imputa delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos. Está previsto que el juicio se inicie el viernes con la fase de cuestiones previas, para continuar después del 16 al 20 de mayo, y finalmente proseguir del 30 de mayo al 3 de junio.
La Sección Segunda de la Audiencia acordó en diciembre del pasado año prorrogar, por riesgo de fuga, la situación de prisión provisional en la que se encuentra Romanov desde hace más de dos años. Sus abogados solicitaron su excarcelamiento al aseverar que el encausado ya había cumplido el máximo legal de dos años en prisión preventiva. Un periodo que, no obstante, puede prorrogarse dos años más para el caso de delitos penados con más de tres años de privación de libertad.
Romanov ingresó en prisión en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.
La Sala alegaba la proximidad del juicio y, por tanto, una probable condena “a muy elevadas penas”, por lo que “su deseo por eludir tales responsabilidades se adivina mayor y más intenso que el que pudiera percibirse al principio de la instrucción de esta causa”.
Asimismo, apelaba a tener en cuenta “la peligrosidad” del acusado derivada de su presunta pertenencia “a una organización criminal mafiosa que utilizaría la violencia física y la extorsión para hacerse con la propiedad de distintas empresas y descapitalizarlas”, empresas que estarían radicadas en su país de origen, además del hecho de disponer “de bienes e importantes contactos en Rusia, que podría utilizar para, de ser liberado provisionalmente, darse a la fuga”.
La resolución judicial apuntaba que el procesado posee un elevado nivel de vida y recursos en Rusia que “podría aprovechar para eludir la acción de la justicia”, como también “podría recibir la ayuda de sus familiares que se hallan en libertad provisional y que, con los contactos que poseen con las altas personalidades de la Federación Rusa, podrían valerse de los mismos para facilitar al acusado documentación falsa y medios económicos para permitir su salida subrepticia del país”.
