Estamos otra vez en vísperas de una nueva campaña electoral. ¿Nueva? ¿No llevamos los últimos años inmersos en una continua campaña electoral? Y lo peor, a nuestro juicio, no es eso; lo peor es que nadie nos puede asegurar que los resultados de las próximas elecciones no nos aboquen a un panorama tan ingobernable que obligue a repetirlas —no sería la primera vez— lo que dice muy poco a favor de unos políticos, que, como nos vienen mostrando día a día, raramente son capaces de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos, de ejercer, en definitiva, la política en el mejor sentido de la palabra.
Pero no es de eso de lo que queremos hablar hoy, sino de nuestro deseo de que los sobres de propaganda electoral y las papeletas de voto de los distintos partidos no rebosen durante estos días nuestros buzones y de que no se empapelen nuestras calles con carteles y fotografías de los candidatos. Aparte de razones estéticas —¡hay que ver lo que ensucian y afean las calles de nuestros pueblos y ciudades!— otros motivos de más calado nos mueven a expresar dicho deseo.
Queremos que a esa propaganda que nadie lee y que acabará en la basura la sustituyan la exposición clara y concisa a través de los medios de comunicación de los programas de cada partido, la presentación de las medidas que prevén adoptar para enfrentarse a los graves problemas de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro ayuntamiento —y no para crear otros nuevos o acrecentar los que ya existen, como a menudo ocurre— y, sobre todo, la concreción de algo que los partidos suelen soslayar interesadamente, la forma de financiarlas para que resulten más realistas, efectivas y creíbles.
Queremos que a esa propaganda inútil la sustituyan debates serios, sin insultos, descalificaciones, falacias, mentiras o medias verdades, sin esos vetos ni “líneas rojas” que tanto parecen gustar a los políticos actuales. Debates en los que los diferentes partidos intenten persuadir, mediante argumentos claros, razonados y no tramposos ni viscerales, a un electorado que ya ha demostrado en sobradas ocasiones su madurez, su responsabilidad y su independencia de criterio.
Queremos también que los gastos que conlleva esa propaganda superflua, que, no olvidemos, sufragamos todos con nuestros impuestos, sean destinados a educación, sanidad, dependencia, políticas de medioambiente, infraestructuras… a todo lo que de verdad mejoraría nuestra vida diaria, lo que, a la postre, convencería a los votantes de la necesidad y utilidad de esos impuestos, base de cualquier sistema democrático y de cualquier sociedad justa e igualitaria.
Cuando estamos redactando estas líneas, nos llega información de que los ciudadanos podrán rechazar la recepción de propaganda electoral, por ahora solo en formato impreso, no por whatsapp ni email. Los electores deberán solicitarlo ante la Junta Electoral de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Algo es algo. Animamos a los votantes a ejercer este derecho.