El Ejecutivo autonómico propondrá al Ministerio de Agricultura que entre los requisitos para tener derecho a las ayudas de la PAC se contemple como obligatoria la cotización a la Seguridad Social por la actividad agraria. Así lo anunció ayer la consejera del ramo, Silvia Clemente, en el seno del Consejo Regional Agrario, donde también recordó el apoyo unánime de todos los grupos políticos en las Cortes a la posición que la Comunidad presentó a la Unión Europea. Además, Clemente mostró su confianza en llegar a un acuerdo de Comunidad con las organizaciones profesionales agrarias y con la Unión Regional de Cooperativas para mantener una posición de fortaleza en la negociación que a finales de julio se abrirá con el Gobierno para la aplicación de la reforma recién aprobada por Europa.
Clemente, que aseguró que en lo fundamental existen muchos puntos de coincidencia con las Opas, afirmó que no espera que las discrepancias de su departamento con el ministerio por el pago de las partidas del programa de desarrollo rural influyan en la misma. «Será una negociación compleja que, previsiblemente, se ampliará hasta principios del próximo año, aunque creo que no debe haber más dificultades que las normales un asunto de esta importancia», afirmó.
La consejera resaltó la importancia que tiene esta negociación para la Comunidad, dado que es la segunda región que más fondos recibe y donde el peso de la agricultura y la ganadería en el PIB dobla la media nacional. En este sentido, Clemente indicó que en ningún caso se permitirá que la región reciba menos de los 1.150 millones de euros anuales que se vienen percibiendo de media en los últimos años.
Clemente valoró el acuerdo de la UE por atender buena parte de las reivindicaciones de su departamento y destacó que el mismo supone acabar con la incertidumbre que rodeaba al sector, ya que establece un marco financiero estable hasta 2020. Además, indicó que se debe aprovechar al máximo el amplio margen de flexibilidad que esta reforma de la PAC otorga a los Estados miembros para su aplicación.
La consejera también mostró su satisfacción por la ayuda que, por primera vez, se recoge a la incorporación de jóvenes. Así, explicó que la nueva reforma propone reservar hasta un dos por ciento del gasto asignado a cada estado miembro para estas subvenciones. Estas ayudas, tienen especial importancia si se tiene en cuenta que el 25 por ciento de los jóvenes que se han incorporado al sector en los últimos cinco años son castellanos y leones. Además, destacó que solicitará que el límite de la superficie por la que un agricultor joven pueda percibir ese nuevo pago asociado sea 90 hectáreas, que es el máximo que permite el reglamento de la reforma.
Sobre la convergencia interna de los pagos, limitada al 60 por ciento del valor medio, Clemente destacó que propondrá que sea progresiva hasta el 2019 y que el primer año se empiece un 10 por ciento. En cuanto a la limitación de la superficie admisible para percibir ayudas directas, la nueva PAC contempla para España una cifra cercana a los 22 millones de hectáreas, por lo que Clemente reclamó establecer algún condicionante adicional.
