La revelación por parte del Tribunal de Cuentas y del Gobierno catalán de que Unió Democrática de Catalunya, integrante de CiU, se ha financiado de manera ilegal no ha servido para que ninguno de los dirigentes del partido nacionalista dimita, ni siquiera para que pidan excusas.
De hecho, muy al contrario, el líder de UDC, Josep Antoni Duran, se permitió el lujo intentar extender la podredumbre al resto de formaciones políticas y aconsejó ayer a la Generalitat que «actúe con la misma diligencia sobre todas las fundaciones vinculadas a partidos».
Duran minimizó la investigación en curso sobre la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, capitaneada por dirigentes democristianos, por no haber entregado sus cuentas tres años consecutivos y haber financiado a otra fundación afín a CiU, investigada a su vez por financiación irregular.
En referencia a la multa por haber aceptado donaciones muy superiores a las permitidas por la normativa, Duran sostuvo que se trata de un «error contable», ya que, en vez de computar separadamente los donativos de Lérida, Gerona y Tarragona, «se hizo de forma conjunta ante la necesidad de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de un inmueble». Por supuesto, no importa cómo se justifique, la conducta del partido catalán fue ilegal.
