Un grupo de cinco ONG estadounidenses que trabajan con inmigrantes y defienden los derechos de estos presentaron este mes una dura queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que recogen las denuncias de abusos físicos y psicológicos, además de otros malos tratos, a los menores no acompañados que entran al país de forma ilegal procedentes mayoritariamente de países centroamericanos.
La denuncia la han formulado el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC), el Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes Esperanza, Americanos por la Justicia para los Inmigrantes, Proyecto Florence para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados y el Proyecto de Demanda Fronteriza de ACLU, y está dirigida a la oficial para los Derechos Civiles y la Libertades Civiles del citado departamento, Megan Mack, y al inspector general del mismo, John Roth.
Según explican, presentan la denuncia en nombre de «116 niños inmigrantes no acompañados, con edades entre los 5 y los 17 años, que han experimentado abusos y malos tratos mientras estaban bajo custodia del servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), en el que se incluye la Patrulla Fronteriza» con el objetivo de que haya «una rápida y exhaustiva investigación» de los hechos que exponen.
Las organizaciones resaltan en su escrito que «aproximadamente uno de cada cuatro niños incluidos en esta queja han informado de alguna forma de abuso físico, incluida agresión sexual, palizas, y el uso de posiciones incómodas por parte de funcionarios del CBP». Así, se relatan varios casos de niños a los que se ha obligado a mantener durante horas posiciones incómodas, a dormir con la luz encendida o que por ejemplo recibieron golpes cuando trataban de dormir.
«Más de la mitad de estos niños han informado de varias formas de abusos verbales, incluidos comentarios de carga racial y sexual y amenazas de muerte», denuncian las ONG. En el documento recogen los testimonios de niños que aseguran que les tildaron de «basura», «parásitos» o «perros».
Uno de ellos, de 13 años, asegura que cuando él y otros niños comenzaron a llorar los funcionarios les dijeron que no siguieran porque no había «ninguna madre» para consolarles, mientras que una chica de 17 años procedente de Guatemala dice que sus guardianes le dijeron: «vamos a meterte en un avión y espero que explote. Ese sería el día más feliz de mi vida».
Igualmente, «más de la mitad han informado de denegación de atención médica, incluidas dos jóvenes madres cuyos bebés enfermaron mientras estaban detenidas en gélidas temperaturas, y otro niño al que le confiscaron sus medicamentos para el asma pese a que sufría varios ataques», añaden.
Por otra parte, los menores han relatado que han estado recluidos en «celdas insalubres, superpobladas y gélidas», en muchos casos sin mantas y durmiendo en el suelo, con las luces encendidas y «más del 80 % han descrito que se les ha denegado comida adecuada y agua» estando bajo custodia. En un caso concreto, uno de los menores ha contado que solo podía beber el agua de la cisterna mientras que otros recibían solo comida fría o caducada y por ello enfermaban.
Además, «aproximadamente el 15 % de estos niños dicen haber sido separados de otros miembros de su familia y el 30 % vieron como los funcionarios del CBP les confiscaban su dinero y pertenencias personales y no se las devolvían». Igualmente, muchos fueron esposados, en algunos casos de pies y manos, durante su traslado.
Por último, subrayan que «cerca del 70 % dicen haber permanecido recluidos más de las 72 horas permitidas legalmente». En su extenso documento, las ONG hacen especial hincapié en el hecho de que pese a «nuestro complejo sistema de inmigración» los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos «no tienen garantía de un asesor legal y se ven obligados a navegar en este complicado y adverso sistema por su cuenta».
«Niños de todas las edades se representan a sí mismos ante jueces en procedimientos de inmigración, mientras que el Gobierno está representado por un abogado», denuncian, subrayando que «sin representación, es improbable que sean capaces de identificar las ayudas que pueden solicitar, y mucho menos analizar los abusos sufridos que, además de violar las leyes estadounidenses, podrían ser relevantes para una potencial ayuda legal».
Las organizaciones firmantes de la queja consideran que «el volumen y la consistencia de estas denuncias reflejan los problemas de larga data y sistémicos con las políticas y prácticas del CBP».
«Desgraciadamente, los abusos a niños no acompañados por los funcionarios de inmigración de Estados Unidos no son un fenómeno nuevo», añaden en su denuncia, fechada el 11 de junio, días antes de que la polémica por el trato que reciben estos niños en Estados Unidos haya trascendido fronteras y animado al propio presidente, Barack Obama, a instar a los padres de Centroamérica a no enviar a sus hijos a este peligroso viaje de final incierto.
Las propias organizaciones recuerdan que ellas mismas, al igual que otras, llevan años denunciando estos abusos e incluso se han presentado quejas ante los órganos de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional «sin éxito».
En este sentido, inciden en que el American Immigration Council (AIC) puso recientemente de manifiesto que la mayoría de las denuncias de abusos contra la Patrulla Fronteriza no culminan con acciones contra los agentes que violan la ley y muchas ni siquiera son investigadas adecuadamente.
En su opinión, «al no investigar significativamente o responder a los informes consistentes de abusos sistemáticos, el Departamento de Seguridad Nacional ha demostrado una continuada falta de respeto por los derechos civiles y humanos de los menores inmigrantes no acompañados».
Por tanto, concluyen, «pedimos al DHS, el CBP, y el Gobierno estadounidense que adopten acciones inmediatas para poner fin a los malos tratos y abusos que los menores inmigrantes no acompañados siguen sufriendo a manos de los funcionarios del CBP».
Esta misma semana, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, en una visita al centro de procesamiento de extranjeros de Nogales, Arizona, donde se alojan 900 menores inmigrantes menores, aseguró que estos «no están en una situación ideal, pero están bien cuidados en estas circunstancias».
