La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer que en los próximos meses se creará un documento específico para que los inmigrantes sin papeles puedan recibir atención primaria y especializada, además de la atención en servicios de Urgencias que reciben actualmente. Pero se opuso a devolver la tarjeta sanitaria porque tiene “connotaciones y problemas que incluso trascienden lo que es España”.
En su visita a una carpa del 112 en Torrejón de Ardoz, Cifuentes hizo hincapié en que el Ejecutivo tiene “la obligación moral de atender médicamente a cualquier persona, con independencia de que tenga papeles o no los tenga”. “No hablamos de inmigrantes, hablamos de personas, que tienen que ser tratadas como tales y tienen que recibir una atención sanitaria”, dijo.
Sin embargo, la presidenta regional solicitó que la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles sea uniforme en todas las comunidades autónomas, por lo que pidió que se alcance una decisión al respecto en el Consejo Interterritorial. Mientras tanto, Cifuentes anunció la creación en los próximos meses de un documento diferente a la tarjeta sanitaria, que “no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país”, si bien resaltó que actualmente “no se deja de atender a nadie” pese a carecer de papeles.
Así, la presidenta explicó que la tarjeta sanitaria supone que el portador pueda demandar atención sanitaria fuera de España, lo que obliga al país a “contraer determinadas obligaciones económicas con el país donde recibe la prestación”. El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió de la posibilidad de recibir multas desde Europa por ello.Por su parte, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, insistió en que el Gobierno “no ha amenazado” sino que ha alertado a las comunidades autónomas de que pueden ser multadas por la UE al devolver la sanidad a los inmigrantes sin papeles porque no se encuentra dentro de sus competencias. “El Gobierno no ha amenazado sino que ha descrito una situación. En España los inmigrantes irregulares tienen la mayor cobertura sanitaria de toda Europa, junto con el derecho a urgencias, y el Gobierno ha anunciado que se sumará la atención primaria”, subrayó en declaraciones a los medios, después de que la oposición en el Congreso haya registrado sus enmiendas de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos.
