La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha escrito una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al Máster en Derecho Autonómico que cursó en 2011-2012 y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las “condiciones flexibles” que le permitió la Universidad para cursarlo.
Así lo confirmaron fuentes próximas al Gobierno regional, después de que Ramos adelantara la semana pasada que se habían encontrado “irregularidades” en la impartición de este título desarrollado en el Instituto de Derecho Público. El rector advirtió de que en el caso de que una sentencia declarara que había habido falsedad documental se procedería a retirar el título.
En la misiva, fechada ayer, la presidenta madrileña le recuerda al rector que posee el correspondiente título así como todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones en cada una de las distintas materias “sellados y compulsados por la Universidad”.
Unos documentos que acreditan, según indica, que ella no ha cometido “ninguna ilegalidad” así como que ha cumplido “los requisitos que la Universidad” le puso para conseguir dicho título.
No obstante, reconoce que, tal como se desprende de la información reservada abierta por el centro, la obtención del título “se vio afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas”, totalmente ajenas a ella pero que “han dado lugar a su cuestionamiento”.
En el ámbito de esas presuntas irregularidades, Cifuentes destaca el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) que le fue remitida directamente por la secretaría del rector el pasado 21 de marzo a las 17.36 horas procediéndose por su parte un cuarto de hora después a dar instrucciones de abrir una información reservada al existir dudas sobre su contenido.
Sorpresa
Todo ello, no puede más que “sorprender” a la presidenta porque dicha acta no había sido solicitada por ella. No obstante, incide, procedieron a su distribución a los medios en base a que confiaba plenamente en que la documentación era veraz, dada la fiabilidad que tenía para ella el remitente.
Cifuentes hace hincapié en que “desconoce por completo el origen y contenido” tanto de ese documento como el referido a las consolidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio”.
La también presidenta del PP de Madrid insiste en que es “la primera interesada en esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención del mismo” que, reitera, es “completamente” ajeno a ella, que siempre ha cumplido la legalidad y se ha atenido a las indicaciones de la Universidad.
De hecho, ha solicitado “la práctica de diversas diligencias en la querella criminal que ha interpuesto en el juzgado”.
Así, manifiesta que tiene “plena confianza en que la Justicia esclarecerá todos los aspectos relacionados con los procedimientos académicos y administrativos que siguen en la URJC para realizar los cursos de posgrado”. Además, señala que espera que se determine las responsabilidades ante una “preocupante” vulneración de la ley de protección de datos.
