Empiezan a salir a la luz algunos de los abusos políticos de la era Bush. Ayer se supo que el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney violó la ley al ordenar a la CIA ocultar al Congreso un programa antiterrorista, según aseguraron congresistas demócratas, que pidieron una investigación sobre el asunto.
La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, confirmó que Cheney prohibió a los servicios secretos informar del plan, que fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero del que solo se sabe su existencia.
Feinstein manifestó en la cadena Fox News que la decisión del dirigente «es un gran problema» porque «se apartó de la ley». «Tiene que ser investigado», recalcó Dick Durbin, el número dos de los demócratas en la Cámara Alta, quien afirmó que el ocultamiento del programa «no es solo erróneo, sino que podría ser ilegal».
Cheney, que no quiso hacer comentarios al respecto, no pudo contar ni siquiera con el respaldo de sus correligionarios. El senador republicano Judd Gregg, por ejemplo, reconoció en la CNN que «la información debió ser compartida» con el Congreso, y lo mismo opinó su colega John Cornyn.
La Ley de Seguridad Nacional de 1947 obliga al Gobierno estadounidente a mantener «totalmente informados» a los comités del Congreso sobre actividades de Inteligencia.
No obstante, la disposición es algo ambigua al señalar también que esas sesiones deben ser llevadas a cabo «en la medida en que tienen en cuenta la prevención de la divulgación no autorizada de información clasificada».
Feinstein y otro pequeño grupo de legisladores se enteraron de la existencia del programa el 24 de junio, en una reunión con el actual director de la CIA, Leon Panetta, quien aparentemente supo de él un día antes, y de inmediato suspendió sus actividades.
En el encuentro, Panetta afirmó que «Cheney había ordenado que no se informara al Parlamento» sobre ese proyecto antiterrorista, según afirmó Feinstein.
De este modo la senadora confirmó un artículo publicado el sábado en internet por el diario The New York Times, que citaba dos fuentes anónimas. Otros testigos indicaron a diversos medios norteamericanos que el programa nunca operó plenamente en los ocho años siguientes a su creación.
La investigación sobre la legalidad de la decisión tomada por Cheney podría llevar a otra pesquisa sobre si agentes de la CIA violaron la ley con maltratos a detenidos durante interrogatorios.
En abri, el Gobierno estadounidense publicó varios documentos hasta entonces secretos, que detallaban cómo el anterior Ejecutivo de George W. Bush dio luz verde a la agencia para poner en práctica técnicas de interrogatorio a sospechosos terroristas, como asfixias simuladas, privación del sueño, vejaciones y exposición al frío, entre otras
Ante la controversia levantada por la publicación de esos textos, el nuevo presidente, Barack Obama, abogó por «mirar hacia adelante y no hacia atrás».
Sin embargo, la responsabilidad final del fiscal general, Eric Holder, es ser el guardián de la Constitución, por lo que podría abrir la investigación.
Los debates en los programas dominicales de la televisión dieron una muestra de la polémica que esa medida generaría.
