El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves admitió ayer que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz pudo haber alguna irregularidad en la gestión de las ayudas a la formación pero no ilegalidad. Asimismo, defendió que en ese periodo “nunca” se produjo “alerta o aviso” dentro de la administración sobre ningún tipo de “deficiencia o irregularidad” y que “nunca”, a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó “ninguna decisión ilegal”. Así lo afirmó el exdirigente andaluz socialista en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, donde señaló que tampoco dio “nunca recomendaciones o instrucciones” para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
“Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley”, incidió antes de recalcar que “creo que durante mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni siquiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad”.
Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se mostró “convencido” de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de “la más estricta legalidad”. En ese sentido, aclaró que se refería “no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta” sino también “a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel”, de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.
Además, advirtió de que, pese a las “dificultades” que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación profesional fue “positiva, razonable, útil y eficaz” para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.
Por su parte, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán defendió que en el tema de las ayudas a la formación para el empleo, la administración andaluza ha actuado “de acuerdo con la legalidad” y añadió que las “deficiencias” que hubieran podido producirse “no han sido de la administración sino, en todo caso, contra ella”. En una breve intervención con la que arrancó su comparecencia ante la comisión de investigación, Griñán defendió que esas ayudas se gestionaron siempre mediante un “proceso reglado y garantista”.
“El gran problema es que en un momento determinado, no hubo suficientes recursos humanos” en relación con los cursos de formación, aseguró el expresidente Griñán, quien recordó que desde 2010 la ley de presupuestos “cierra la apertura a cualquier aumento de plantilla”. De esta forma, el expresidente señaló que para él supone “un honor” comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está “cumpliendo un deber” por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. “Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo”, afirmó Griñán recordando que, tras 45 años de “servicio público”, es pensionista desde hace más de uno.
Finalmente, la exconsejera de Educación Mar Moreno afirmó que “jamás recibió ni dio” orden alguna para que se dejara de observar la legislación vigente. “En los cinco meses que fui responsable trabajé desde el más absoluto respeto a la norma”, subrayó.
