El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, dictó un auto de procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros. Nada más conocer su procesamiento, Chaves y Griñán pidieron su baja voluntaria como militantes del PSOE, adelantándose así a la decisión del PSOE, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
Tanto Chaves como Griñán dejaron sus escaños en junio de 2015, después de ser imputados. En esa línea, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Ético. No obstante el PSOE andaluz insistió en subrayar su “confianza” en la “honestidad y honorabilidad” de los expresidentes de la Junta, mientras desde Ferraz, el portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, elogió el paso dado por ambos, “yendo por delante del Código Ético del PSOE” al renunciar a su carnet de socialistas tras ser procesados en el caso de los ERE. Asimismo, recalcó que el partido confía en su “inocencia” y espera que este “calvario” acabe “cuanto antes”.
Por contra, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ironizó con que “así está acabando lo que eran presuntamente cuatro golfos” y dijo que “tras los cuatro golfos en los ERE, ahora parece que la formación es un pequeño fraude”. “A ver en lo que termina ese pequeño fraude”, añadió.
Y desde Podemos Andalucía, la secretaria general y portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, consideró que “es una vergüenza para todos los andaluces que los dos presidente que han gobernado durante más tiempo en Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por mal utilizar el dinero público”.
En el auto, el juez procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza ‘política’ de la causa. El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo.
En esta pieza permanecían imputados 51 exaltos cargos y ex miembros del consejo rector de IDEA, pero el juez archivó la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel. En un auto dictado en noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico.
