El secuestro del atunero vasco Alakrana por piratas somalíes se ha convertido en un serio dolor de cabeza, por supuesto para los 36 tripulantes y sus familias, pero también para la ministra de Defensa, Carme Chacón, que ve una vez más cómo palidece la buena estrella política que la llevó hace no mucho a ser considerada favorita para suceder a Zapatero.
Habida cuenta de que la acción de los corsarios, dos de los cuales fueron detenidos por efectivos de la fragata Canarias, que patrulla el Golfo de Adén en el marco de la Operación Atalanta organizada por la OTAN, vino precedida de numerosas advertencias del sector pesquero, que reclama la presencia de infantes de marina en los buques para frenar la impunidad de los criminales, tanto el PP como el PNV responsabilizaron de los hechos al Gobierno, que, a su vez, derivó la culpa hacia «la comunidad internacional» por no abordar con verdadera decisión la persecución de los bucaneros.
Por lo que respecta al futuro de los rehenes, que están en buen estado, Chacón no se mostró demasiado optimista, puesto que, si bien se negó a admitir abiertamente -tal y como han insinuado fuentes diplomáticas- que la resolución del caso esté necesariamente abocada al pago de un rescate, sí dejó entrever que el Gobierno está dispuesto a negociar con los piratas.
De hecho, la socialista pronosticó que la retención del Alakrana, puede ser «más prolongada» que la del también atunero español Playa de Bakio, secuestrado durante una semana en abril de 2008.
No obstante, para intentar que no se cumpla tal vaticinio, la jefa de Defensa declaró que su equipo ya estudia «todas las posibilidades legales» con el objetivo de que los 36 tripulantes sean liberados «sanos y salvos», pues esa es la «prioridad» del Ejecutivo.
Sin poder sustraerse a la polémica política, Chacón insistió en rechazar la posibilidad de embarcar militares profesionales en los navíos, porque «no es viable» desde los puntos de vista jurídico y operativo. «Legalmente, no es posible», apostilló.
En todo caso, la vía militar parece también descartada para liberar a los rehenes, tanto por la dificultad logística y política como por el temor a que un asalto pudiera ocasionar víctimas entre los pescadores. Tal temor lo reflejaba ayer Mari Ángeles Jiménez, esposa de uno de los tripulantes, que pidió «a las autoridades» que logren que su marido regrese «a casa» pero sin que medie ninguna actuación directa de rescate «a las bravas».
Sin entrar en tan delicados terrenos, la número dos del PP, María Dolores Cospedal, sí acusó al Ejecutivo de «falta de previsión», puesto que, dijo, es su responsabilidad «garantizar la seguridad de sus nacionales en todo momento». «No puede mirar hacia otro lado. Ya muchos armadores están hablando del peligro», aseguró la manchega
Las críticas de los populares se extendieron también al terreno jurídico, puesto que por boca del senador Agustín Conde Bajén, el principal partido de la oposición criticó la pretensión de la Audiencia Nacional de juzgar a los dos piratas detenidos, cuando, detalló, existe un acuerdo con Kenia para que sea ese país africano el encargado de llevarlos ante un tribunal.
Por ello, el conservador pidió al Gobierno que actúe con un «mínimo de coherencia».
