El Pontífice Francisco ha decidido afrontar los nuevos retos de la Iglesia del siglo XXI y reformar, como una de sus primeras medidas, las leyes penales del Vaticano con el objeto de adaptarlas a las convenciones internacionales y extender así la responsabilidad a todos los empleados, incluso los auxiliares y los que trabajan fuera del minúsculo territorio de menos de medio kilómetro cuadrado del Estado de la Santa Sede.
En esta línea, una de las principales decisiones que el Obispo de Roma anunció ayer fue un endurecimiento del derecho penal vaticano para los crímenes contra niños y el abuso de menores, así como una adaptación de la legislación penal a los estándares internacionales respecto al lavado de dinero y la corrupción.
El Santo Padre emitió en Roma un documento apostólico que, junto con tres leyes, introduce una serie de nuevas normas de gran calado, encaminadas a promover la cooperación internacional en la lucha contra el crimen.
Los textos siguen las convenciones internacionales y recogen sobre todo la pornografía infantil, la venta y prostitución de niños y la violencia sexual como delitos punibles de forma más precisa.
Además, se introduce la tortura como crimen y se recoge una definición más amplia de los delitos contra menores.
El escrito papal hace que esas nuevas leyes de la Comisión Pontificia del Estado Vaticano sean también aplicables en la Santa Sede, así como para las misiones diplomáticas fuera de Roma y las instituciones apostólicas.
Francisco también abolió la cadena perpetua prevista en el derecho vaticano sustituyéndola por penas máximas de 30 hasta 35 años. Las nuevas normas también establecen que la Justicia puede perseguir delitos contra la «seguridad» y los intereses fundamentales del Vaticano, así como infracciones patrimoniales cometidas en la Santa Sede.
La Iglesia fue sacudida en los últimos años por una serie casos de abuso sexual en algunos países, a lo que se añadieron sospechas sobre prácticas corrupción.
Este nuevo paso del Papa Francisco no será el último, pues el funcionamiento de los tribunales del Vaticano es bastante farragoso, como se pudo observar el año pasado durante el proceso a Paolo Gabriele, el mayordomo de Benedicto XVI, condenado a una pena muy benévola después de haber divulgado gran cantidad de documentos secretos.
El Estado del Vaticano nació en 1929 a raíz de los Pactos Lateranenses firmados con el Gobierno italiano, y adoptó como ley penal el código italiano de 1889 y como ley procesal el código italiano de 1913. Esas vetustas legislaciones fueron modernizadas por Benedicto XVI en el 2008, pero necesitaban una nueva puesta al día para incorporar mayor rigor y rapidez, introduciendo mecanismos habituales en la mayoría de los sistemas jurídicos.
