Por más que no encuentren tiempo para llevar a buen puerto la reforma laboral y que tampoco parezcan demasiado preocupados por afear al Gobierno una política económica que se traduce en más de cuatro millones de parados, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, realizaron ayer sus mejores esfuerzos para movilizar a varios miles de personas en un acto celebrado en la Universidad Complutense de Madrid con objeto de denunciar «la persecución» que en su opinión sufre Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo.
En la protesta, a la que acudieron sindicalistas, actores y políticos como el ex presidente catalán Pasqual Maragall, se reclamó desde la tribuna que el magistrado de la Audiencia Nacional no sea «una nueva víctima del franquismo y de los hijos de la dictadura».
Con tono mitinero, el jefe de los ugetistas, Cándido Méndez, consideró que la querella contra Garzón por su posible prevaricación a la hora de investigar las desapariciones del régimen anterior es una «vergüenza histórica, que pretenden que el franquismo siga impune». No menos entusiasta se mostró el jefe de Comisiones, Ignacio Fernández Toxo, quien subrayó que la Ley de Amnistía, uno de los pilares de la celebrada Transición, «no puede amparar el genocidio».
Al coro de críticos se sumó el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien denunció «el atropello impropio de un Estado democrático» y acusó al Supremo de constituirse en un instrumento de la «actual expresión del fascismo español» por admitir las querellas de Falange y Manos Limpias.
El otrora representante del Ministerio Público censuró que el juez Luciano Varela hablara en el auto en el que justifica la decisión de juzgar a Garzón de la «encomiable sensibilidad» de los jueces durante la dictadura, cuando «fueron cómplices hasta el último día de las torturas». Por último, el ex fiscal coincidió con los líderes sindicales en que es «absolutamente incompatible» con los tribunales democráticos «ponerse en manos» de Falange y de «los corruptos», que han denunciado a Garzón por investigar el caso Gürtel.
Para completar un panorama al que también contribuyeron representantes de las asociaciones de Memoria Histórica, el socialista Pedro Zerolo o el jefe de IU, Cayo Lara, varias madres y abuelas de la Plaza de Mayo argentinas estuviron presentes como embajadoras de varias organizaciones humanitarias y familiares de víctimas del franquismo residentes en el país sudamericano, que anunciaron que hoy denunciarán ante los jueces australes el «genocidio» cometido en España entre 1936 y 1977.
Y, para que la tensión no decaiga, actores como Pedro Almodóvar, Pilar Bardem o José Sacristán se han erigido en padrinos de un encierro al que denominaron «concentración permanente» y que, desde hoy, se prolongará durante dos semanas en la propia Complutense en defensa de Garzón.
Ya desde fuera del homenaje a Garzón, la número dos del PP, María Dolores Cospedal, calificó el acto como un «disparate» y un «atentado contra la democracia» que trata de «presionar» al juez Luciano Varela.
Tampoco fue muy complaciente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que expresó su «preocupación y tristeza» ante las manifestaciones que «de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Supremo» y advirtió de que el «descrédito» que provocan hacia el Estado de Derecho «no resulta tolerable».
