El secretario general de CCOO en Segovia, José Antonio López Murillo, acompañado de responsables de las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad, explicó ayer en rueda de prensa la posición del sindicato sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, aprovechando la celebración del Día Internacional por el Trabajo Decente.
López Murillo empezó recordando la mala situación de los trabajadores en los últimos años, debido a la reforma laboral y a los recortes en prestaciones y ayudas sociales, y mantuvo que “las condiciones de los contratados son cada vez peores”.
En este sentido, indicó que las estadísticas muestran que la única contratación que aumenta es la temporal y, en gran medida, a tiempo parcial.
En el caso de Segovia los datos del Servicio Público de Empleo Estatal de septiembre muestran que del total de 4.155 contratos registrados ese mes en la provincia, casi el 93 por ciento fueron temporales, frente al 7,03 por ciento de indefinidos. En relación con el mismo mes de 2012 hay que indicar que aumentan los temporales (un 19,52 por ciento) y permanecen invariables los indefinidos, ya bajos de por sí.
A juicio del responsable sindical estas cifras muestran la precariedad en el mercado de trabajo del sector privado, a lo que se unen los recortes en el sector público, con medidas especialmente negativas para los empleados públicos tanto en el anteproyecto de PGE como en la Ley de Acompañamiento de los mismos.
Por su parte, José Andrés Orejana, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, señaló que el proyecto de PGE supondrá la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo por las restricciones a las ofertas de empleo público. La estimación del sindicato es que anualmente se perderá un 6,5 por ciento de empleo público, 1,8 puntos por encima del mercado laboral general.
Otro aspecto que destacó este sindicalista es que los empleados públicos continuarán perdiendo poder adquisitivo, que se sumará al 23 por ciento acumulado hasta ahora.
CCOO denuncia que, de aprobarse el proyecto de PGE como han sido planteados por el Gobierno, contribuirán “a la destrucción de empleo y al debilitamiento de los mecanismos de protección social, más necesarios que nunca”.
Óscar Sancho, de la Federación de Enseñanza, y María Antonia Sanz, de Sanidad, explicaron los efectos de las medidas gubernamentales en los trabajadores públicos de ambos sectores. El primero recordó las movilizaciones puestas en marcha contra la Ley del ministro Wert, y la segunda la precarización y la pérdida de calidad de los servicios sanitarios.
Esta última hizo una estimación de 106 puestos de trabajo que Sanidad Castilla y León (Sacyl) va a amortizar en Segovia, dejando de contratar para sustituciones o cuando se produzcan jubilaciones en los servicios sanitarios. De ellos, 41 contratos eliminados serían de licenciados especialistas y 36 de Enfermería, según Sanz.
