La Generalitat catalana garantizará la atención sanitaria a las 600.000 personas, un 8 por ciento de la población de la Comunidad, que según el nuevo Real Decreto estatal que entra en vigor mañana deberían quedar excluidas del acceso al sistema de salud público no urgente, tal y como anunció ayer el consejero de Salud del Gobierno catalán, Boi Ruiz.
De entre esos ciudadanos, 180.000 son extranjeros en situación irregular y 420.000 son españoles que no constan en la Seguridad Social, y que pertenecen a órdenes religiosas, profesiones liberales, no tienen recursos, no cotizan o bien tienen rentas superiores a los 100.000 euros.
Así, este grupo seguirá manteniendo la misma atención y prestaciones sanitarias si lleva más de un año en Cataluña, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una estancia en el país de más de tres meses para acceder a la asistencia.
Este documento les dará derecho a la atención primaria, vacunas y urgencias, y a partir de un año también de asistencia especializada, como el resto de usuarios.
En consonancia con el anuncio de Cataluña, un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, la mayoría médicos de Atención Primaria, mostraron ayer su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los sin papeles a partir de mañana, cuando entra en vigor la nueva norma del Ministerio de Sanidad.
Así se desprende de los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a la medida, aunque posteriormente lo abrieron a otros profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.
