El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confió en que “el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña” evitará que se llegue a “una situación de crisis y conflicto” que obligue a aplicar el artículo 155 de la Constitución.
El ministro advirtió que si tras los comicios catalanes, el Gobierno de Mas adopta decisiones para las que no tiene competencias, como una declaración unilateral de independencia, se recurrirá al Tribunal Constitucional. En el caso de que incumplieran las decisiones del alto tribunal y siguieran adelante, “es ahí donde pueden surgir delitos de desobediencia y prevaricación”.
En todo caso, Catalá cuestionó “el apoyo masivo” de los catalanes al proceso de independencia. “No parece que vaya a haber una mayoría a favor de la independencia”, precisó e indicó que las encuestas apuntan a que la lista única no va a tener “una mayoría suficiente para realizar una actuación en ese sentido”.
En referencia concreta al artículo 155 de la Constitución, que contempla un mecanismo de control extremo, para casos en los que alguna comunidad autónoma incumpla las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las Leyes, el ministro advertido que, aunque “está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho”, por lo que hacer uso de esta norma constituye un “escenario teórico y de máximos”.
Para Catalá el artículo constituye un mecanismo para garantizar este cumplimiento de obligaciones cuando se produzca un conflicto institucional. “Ese es el objetivo del 155, es un escenario en un conflicto relevante entre Estado y autonomías y prevee un procedimiento que garantice el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a los gobiernos autonómicos”.
Práctica Para aplicarlo, advierte el titular de Justicia, habría que alcanzar “un escenario extremo de incumplimiento de obligaciones”. “Eso hay que acreditarlo correctamente, necesita un aval político, una mayoría del Senado que lo apruebe y, a partir de ahí, el Estado central daría instrucciones a las instituciones del Gobierno autonómico para que lleven a cabo las actuaciones”.
En cuanto al momento en que el Estado puede ejercer esta prerrogativa, el ministro recuerda que el mismo artículo ya lo anuncia, “en el momento en el que un gobierno autonómico incumple reiteradamente sus obligaciones en sus competencias”, explicó.
