Se ha convertido en uno de los nombres más repetidos en la última semana. Y es que la imputación de la Infanta Cristina, el pasado miércoles, ha coronado al juez José Castro a la primera plana, aún más si cabe después de la instrucción que lleva adelante del caso Nóos con Iñaki Urdangarín como principal protagonista. Hasta ahora, cuando con su decisión sin precedentes levantó la polémica, las críticas de algunos que le acusan de afán de protagonismo, y los halagos de otros que aplauden que haya dejado claro que todos los españoles son iguales ante la ley.
«La Justicia es igual para todos», proclamó el magistrado en el auto con el que escribió un capítulo en la Historia de España al llevar, por primera vez, a un miembro directo de la Casa Real a declarar en un tribunal. Una obviedad, porque esa máxima la recoge la Constitución.
Pero es que la ciudadanía dudaba de que una hija del Rey pudiera ser llamada por un magistrado para ser interrogada. Un gesto del que los principales partidos políticos prefirieron no opinar, pero que fue alabado, por ejemplo, por el senador del PNV Iñaki Anasagasti, que declaró que «Castro es un juez valiente». Del mismo parecer se mostró el diputado de IU Gaspar Llamazares, que aseveró que «instruye igual para todos y sin miedo». Diferente postura que la del parlamentario del PP Vicente Martínez-Pujalte, quien le acusó de querer aumentar su «protagonismo personal».
Estas últimas palabras fueron las que desataron la defensa férrea de las asociaciones de magistrados, que pidieron respeto a la decisión tomada por el togado.
Además, esa valentía a la que aludía Anasagasti fue destacada también por otros compañeros del sector de la Justicia. «No se arruga ni desfallece ante esos casos complejos», aseguró un magistrado. «Es un juez justiciero», agregó un fiscal. «Busca la verdad a fondo y hace respetar la ley con severidad».
Huida de los ascensos
El pasado miércoles quizás tomó una de las decisiones más controvertidas de su carrera y colocó a la Infanta Cristina como presunta sospechosa de haber sido cómplice de los supuestos delitos cometidos por Iñaki Urdangarín y el exsocio de éste en el Instituto Nóos, Diego Torres, en una organización a través de la cual se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.
José Castro, Pepe para los conocidos, es un hombre campechano que nació en Córdoba hace 67 años. Fue funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de magistratura y ahora lo es de instrucción desde hace 23 años. A lo largo de su carrera, ha recorrido buena parte de la geografía española y ha rechazado ascensos y nombramientos.
Su forma de vestir, alejada en ocasiones de corbatas y trajes, contrasta con la de otros magistrados y fiscales de Palma. Sobre todo por sus chaquetas de cuero, reminiscencia quizá de sus tiempos de motero. En público es poco dado a las efusividades y le sonrojan los aplausos. El que recibió hace algo más de un año, la primera vez que interrogó a Urdangarín, no le gustó demasiado.
Huye del protagonismo. Nunca ha concedido una entrevista. Entra y sale del juzgado sin hacer declaraciones. Y, de vez en cuando, pone gesto severo ante la presencia de la prensa.
Está separado, tiene tres hijos y varios nietos, y también novia. Y es aficionado al kendo, la esgrima japonesa. Conduce un deportivo alemán y también una bicicleta.
Su independencia la lleva a rajatabla. Ni siquiera es miembro de una de las asociaciones de la magistratura, por cuya pertenencia, al final, se clasifica a los jueces en progresistas o conservadores.
El caso Nóos no es el primero en el que encara la corrupción. De hecho, tiene amplia experiencia en el tema. Él fue el instructor que sentó en el banquillo al exjefe del Gobierno de Baleares Jaume Matas por el Palma Arena. De él se deriva la pieza en la que ahora están señalados los Duques de Palma.
En sus interrogatorios, Castro es irónico y sarcástico. Y muy claro. «Si hay que imputar a la infanta, se le imputa», le espetó a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, cuando en un interrogatorio, hace ya tiempo, se quejó de su imputación e insinuó que el juez no se atrevía a hacer lo mismo con la Infanta. Ahora, ha dejado claro que no se arredra.
