Castilla y León cerró el segundo trimestre de 2015 con una deuda viva de 10.386 millones de euros, lo que equivale al 18,9% del Producto Interior Bruto e implica que es la séptima autonomía más saneada de España.
Las cifras dadas a conocer ayer por el Banco de España revelan que la diferencia entre la ratio castellanoleonesa y la media nacional, del 23,2%, es “muy elevada”, y se sitúa en 4,3 puntos. Así, la Comunidad está por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, La Rioja, Asturias y Galicia.
El Banco de España contempla el endeudamiento concertado con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, es decir, el que engloba tanto la deuda por el Fondo de Pago a Proveedores, como con los compartimentos del Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La cantidad atribuida a la Comunidad hasta junio no incluye ningún saldo vivo del primero de esos fondos, al que la Junta se acogió de manera excepcional y única en su primera fase para atender pagos a proveedores con una partida de 1.051,4 millones de euros.
En 2014 la Consejería de Hacienda refinanció la totalidad de esa cifra con préstamos bilaterales con entidades financieras nacionales, por lo que ya no adeuda ningún crédito por este concepto al Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, la estadística sí recoge las disposiciones realizadas por la Junta en relación al Fondo de Facilidad Financiera. De hecho, la variación intertrimestral se debe a la entrada en pleno funcionamiento de este fondo en abril, tras la formalización de un contrato de préstamo por la Comunidad por importe de 2.003,6 millones de euros a finales de marzo.
Como consecuencia de esta adhesión, durante el segundo trimestre de 2015 se desembolsaron 1.409,1 millones a favor de Castilla y León para satisfacer los vencimientos de deuda de este periodo, financiar la cuota correspondiente de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y cubrir el déficit del presente ejercicio y las desviaciones de otros años.
La mitad de esa cuantía se destinó al pago a proveedores, lo que contribuyó a que en junio el periodo medio de pago de abono de facturas se sitúe en 2,46 días. De igual manera, es preciso indicar que sí considera endeudamiento la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas y determinados préstamos para proyectos específicos.
Hasta junio, 160,1 millones de euros correspondían a la primera categorías, mientras que otros 303,4 millones estaban asignados a la Comunidad por proyectos de colaboración público-privada.
De ahí que, en términos estrictos, la deuda financiera de Castilla y León ascendía a 9.922,8 millones de euros al término del segundo trimestre.
De ellos, 487,2 millones eran créditos para sufragar préstamos a empresas, por los que la Junta ingresa tanto la amortización del capital como los intereses pertinentes. La deuda de las empresas públicas que no computan se mantiene en el 0,3%.
