La Junta ha completado sus necesidades de financiación para este año por la vía ordinaria, es decir, emisiones de deuda y préstamos, y no acudirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) aprobado por el Gobierno central para que las autonomías puedan hacer frente a sus vencimientos de deuda, según anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, quien afirmó que la Comunidad está en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento este año.
Juan Vicente Herrera explicó que no se accede al FLA porque se desprecie o minusvalore este fondo, sino porque creen que Castilla y León es una comunidad solvente y su tesorería es positiva, y no debe tener «ninguna dificultad» para colocar su deuda mediante el sistema bancario ordinario. Así, justificó esa decisión también en que Castilla y León es la cuarta comunidad menos endeudada en relación a su PIB y en que la agencia Moody´s ha confirmado la calificación crediticia el pasado mes de octubre, a lo que unió los datos de ejecución presupuestaria en la senda de cumplir el objetivo de déficit.
El presidente del Ejecutivo auotonómico manifestó, durante su intervención en el Foro de El Norte de Castilla ‘Perpectivas Políticas y Económicas para 2013’, que esos datos han sido clave para que la Comunidad haya cerrado sus necesidades financieras a través de los bancos y añadió que lo volverán a intentar así durante el próximo ejercicio.
En declaraciones a los periodistas, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, precisó cómo se cerraron el lunes los 380 millones que estaban pendientes, de los que 200 han sido a través de emisión de deuda pública en Londres; 100 millones, mediante un protocolo que se firmará con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y 80 millones, con entidades privadas.
Según informaron fuentes de la Consejería de Hacienda, el tipo medio de las operaciones financieras cerradas por la Junta a lo largo de este año es del 5,1 por ciento, por debajo del 6 por ciento en que se ha fijado el tipo de interés del FLA, mientras que la vida media de las mismas ha sido de 5,6 años. Precisamente, el pasado mes de noviembre la Junta suscribió con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) una ampliación de la emisión de deuda pública por importe de 20 millones con vencimiento el 7 de mayo de 2014, correspondiente al ejercicio 2012.
Entre las operaciones más importantes cerradas este año, figura un préstamo de 200 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones, cerrado el 9 de marzo pasados, que deberá devolverse en los próximos 20 años. Asimismo, se realizó el 20 de marzo la última emisión de deuda, de 53 millones, que pusieron en el mercado varias entidades y que resultó con un tipo de interés del 4,50 por ciento y una duracción de 2,6 años. El Ejecutivo defendió que prefería negociar con las entidades ordinarias que acudir a la ayuda del FLA por entender que las autonomías que solicitan ese rescate quedan «estigmatizadas».
Hasta la fecha se han beneficiado de este mecanismo, dotado con 18.000 millones de euros, nueve comunidades autónomas: Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares, Valencia, Cantabria, Andalucía, Murcia y Canarias.
El Gobierno central ha decido, además, mantener el FLA el año que viene, porque persistirá la imposibilidad de las comunidades autónomas de financiarse en el mercado, según han explicado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La dotación del mecanismo para el próximo ejercicio será de 23.000 millones de euros, y se financiará con deuda pública, según una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentada por el Partido Popular en el Senado (la número 667).
Las comunidades tendrán que comunicar sus estimaciones de necesidades de recursos antes de final de año, para la mejor organización del calendario de emisiones del Tesoro Público. El Programa de Aplicación del Fondo de Liquidez, remitido a las comunidades el pasado 25 de septiembre, especifica que los importes percibidos por las mismas deberían destinarse obligatoriamente al pago de determinados conceptos.
En primer lugar, hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda pública, tanto de principal como de intereses. Posteriormente, las cuantías dirigidas a cubrir las necesidades de financiación del déficit público autorizado tienen como destino obligatorio el pago de proveedores.
