La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que habilite en los próximos días las herramientas legales necesarias para que las autonomías puedan llegar al confinamiento domiciliario de los ciudadanos si los datos epidemiológicos del coronavirus no mejoran en las próximas dos semanas, aunque sin ser «tan estricto como en marzo«.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que fue el comité de expertos de Castilla y León el que les pidió valorar la posibilidad de aplicar un «confinamiento domiciliario programado» si no hay una mejoría en la tendencia de la pandemia, que coloca actualmente a esta Comunidad en «riesgo extremo«.
El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, también presente en la rueda de prensa, ha comparado estos confinamientos domiciliarios con los que se van a aplicar en Francia o Alemania, con carácter «progresivo», preservando actividades esenciales como la educación y con un «orden lógico» para el cierre de determinados sectores.
La idea es que, tanto desde el punto de vista temporal con una previsión inicial de dos semanas de duración, como de la intensidad del confinamiento domiciliario, sea el de «menor impacto posible«, pero dentro de unos parámetros de eficacia para la contención del virus.
Aunque es consciente de los límites competenciales y por ello piden al Gobierno la modificación normativa, Igea ha avisado al Ejecutivo de que la Junta tomará «las medidas que tenga que tomar» para frenar los contagios y evitar el colapso hospitalario.
«No sería tan estricto como en marzo«, ha apostillado la consejera, quien ha explicado que este tipo de medidas están siendo abordadas por la Dirección General de Salud Pública, con la vista puesta en la evolución de la incidencia acumulada del virus, actualmente en ascenso sostenido, y también en la situación de los hospitales, donde los ingresos en planta y en las UCI aumentan en las últimas semanas.
Sin embargo, ambos dirigentes del Ejecutivo autonómico han remarcado que se trata de anticiparse a la necesidad de tomar esta medida, sin que por el momento esté tomada, a la espera de evaluar la próxima semana -con algo más de una semana de margen de aplicación- el efecto que ha tenido la instauración del toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la madrugada.
De hecho, han adelantado que será el martes, 3 de noviembre, cuando la Junta de Castilla y León aprobará la norma que desarrollará la normativa de niveles de alerta sobre el coronavirus que pactaron las autonomías y el Ministerio de Sanidad en una reunión anterior del Consejo Interterritorial de salud, con los denominados ‘semáforos’ que sitúan actualmente a esta Comunidad en «riesgo extremo», con una incidencia acumulada por encima de los 700 positivos de covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En esa norma se plasmarán las medidas restrictivas «que sean necesarias para el control» de la pandemia, porque ha recordado la situación «crítica» y «muy problemática» de Castilla y León, pero también la de España y Europa.
Igea ha sostenido que la aplicación de estas medidas con un «calendario programado» va a resultar «esencial para dar certidumbre y certeza» a la lucha contra la pandemia, con el horizonte prioritario de evitar el «colapso de los hospitales«.
De hecho, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desveló el informe de la Junta sobre el acuerdo del toque de queda en el que el Ejecutivo autonómico ponía el 15 de noviembre como fecha límite del colapso hospitalario en caso de seguir con la tendencia de contagios actual.
Con este marco temporal, Casado ha insistido en que con el 9 de noviembre como referencia para el fin del primer periodo del estado de alarma que ampara los toques de queda y el confinamiento perimetral, Castilla y León necesita disponer de esa herramienta legal que habilite a esta Administración para ir más allá con los mencionados «confinamientos domiciliarios programados».
El vicepresidente ha reiterado que evaluarán la eficacia de las medidas semana a semana, pero ha matizado que la rapidez en la toma de decisiones dependerá «de la situación en los hospitales»: «no podemos permitir que los hospitales se colapsen, tendríamos un serio problema y más muertes«, ha resumido
