El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó este jueves su personación como parte coadyuvante contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo frente a varias disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que devolvía la gestión del lobo a las comunidades autónomas gracias a una serie de enmiendas integradas en la norma y que no estaban originalmente en el borrador planteado por el Ejecutivo central.
Este recurso del Defensor impugna la adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena que, según señaló el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, afectan “directamente a las competencias autonómicas”. “La personación en este proceso se realiza para garantizar el respeto de estas competencias y para apoyar una ley que se considera fundamental”.
La Junta tuvo conocimiento de la admisión a trámite de este recurso el pasado 28 de julio. Carriedo expuso que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad la capacidad de desarrollar y ejecutar la legislación estatal en este ámbito y la Junta tiene la potestad de personarse ante el Tribunal Constitucional en este tipo de recursos, según lo establece su normativa.
Precisamente, la jurisprudencia del Constitucional también respalda que las comunidades autónomas puedan defender la constitucionalidad de una norma cuando un recurso afecta a sus propias competencias. La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta ya ha sido facultada para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender los intereses de la Comunidad en este procedimiento.
Carriedo sostuvo que esta ley obliga al Gobierno a informar a las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial sobre los contenidos del informe que debe enviar a la UE sobre la evolución del lobo, algo que, en principio, pretende impedir el recurso del Defensor del Pueblo en las disposiciones que impugna. “Aún no nos ha informado, debería haberlo hecho en julio, según establece la ley”.
Por último, justificó la necesidad de que las comunidades conozcan el informe antes de ser enviado a Bruselas, dado que en los últimos años, el lobo “ha experimentado un aumento de ejemplares y manadas y está garantizada su existencia y no está en peligro de extinción al norte del Duero”. “Hemos conseguido un equilibrio, que se incorporó a la ley a través de las enmiendas en el texto definitivo y que es coherente con la legislación europea”.
