La Junta de Castilla y León recurrirá a la Ley de Salud Pública cuando finalice el próximo 9 de mayo el estado de alarma vigente desde el 25 de octubre de 2020 en todo el territorio nacional. Esta ley ya se utilizó cuando dejó de estar vigente el pasado año el estado de alarma, y será a la que se recurra para aplicar cualquier tipo de órdenes sanitarias en la Comunidad.
Así lo ha confirmado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este jueves, donde, preguntado por el horizonte de Castilla y León tras el 9 de mayo, ha asegurado que el Ejecutivo regional trabajará «con lo que tengamos«, en referencia a la Ley de Salud Pública. Este es el «plan A, B y C«, una vez desechada la posibilidad de ejecutar sus competencias por vía decreto ley. «Si ejercemos las medidas por decreto ley, al día siguiente el Gobierno nos lleva al Tribunal Constitucional», ha criticado Igea.
En este sentido, Igea ha argumentado que una comunidad autónoma no tiene las competencias necesarias como para restringir los derechos fundamentales, como implementar un estado de alarma o los confinamientos, por vía decreto, ya que para ello es necesario que esté vigente el estado de alarma «o eso es lo que nos había dicho el Gobierno hasta ahora«. De este modo, el vicepresidente de la Junta ha exigido al Ejecutivo central que cumpla con sus funciones y dé «órdenes claras» a las Comunidades.
