La Junta de Castilla y León decidirá el jueves, en Consejo de Gobierno, qué medidas adopta a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma, aunque mantendrá las que recoge el actual semáforo por indicadores de incidencia, con el cierre del interior de la hostelería a partir de los 150 casos a dos semanas por 100.000 habitantes.
En estos momentos los servicios jurídicos de la Comunidad estudian que medidas pueden adoptar dentro de sus competencias a partir del 9 de mayo, como establecer horarios de cierre para la hostelería y el comercio, en la línea de lo adoptado el pasado verano, ha explicado la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario que ha acordado mayores restricciones en la hostelería en 31 municipios, con seis nuevos, entre ellos la capital leonesa, y la salida de ocho, entre ellos Salamanca, Valladolid y Ponferrada, Casado ha vuelto a reclamar una ley «de pandemias», una nueva ley de salud pública que permita a las comunidades actuar sin estado de alarma y sin tener que llevar cada medida al tribunal superior de justicia de cada comunidad para obtener el respaldo.
La comunidad puede adoptar todas las medidas que ya tomó en verano, pero todas las que afectan a la movilidad o derechos fundamentales requieren el aval de la justicia, y además la incidencia del covid en la Comunidad en este momento, en nivel alto, no tiene nada que ver el nivel más bajo del pasado estío, ha precisado Casado.
La consejera de Sanidad ha lamentado que se vaya de nuevo a una judicialización de la respuesta a la pandemia, y ha confiado en que a partir del día 9 las comunidades puedan contar con un «entorno de decisiones fáciles y rápidas» ya que «ha costado mucho» llegar hasta este punto, con una contención de la letalidad y contagios y un avance en la vacunación.
Casado, a preguntas de los periodistas, ha recordado que de manera intensa el País Vasco ha pedido al Gobierno que se amplíe este estado de alarma, que si se prorroga a su juicio debe hacer para todas la Comunidades no sólo para una, ya que tener autonomías con distintas incidencias, algunas muy altas, no «tranquiliza nada».
Ha reconocido su preocupación porque a partir del 9 de mayo, con el levantamiento del toque de queda y el fin del cierre perimetral puedan aumentar los botellones y fiestas, por lo que ha insistido tanto a las fuerzas del orden como a los municipios en que extremen la vigilancia.
Aunque la consejera ha recalcado que tras el 9 de mayo la Comunidad mantendrá el sistema de semáforos acordado por el Interterritorial de Salud, con niveles de incidencia y medias aparejadas, ha reconocido que habrá que analizar, desde los servicios jurídicos, si pueden aplicarse las restricciones de aforos que conlleva sin tener que contar con el aval judicial.
