El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, compareció en 50 ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar 93 informes y cinco planes anuales de fiscalización en la legislatura que está a punto de finalizar. Solo el año pasado, fueron 14 comparecencias en el Parlamento autonómico para presentar 17 informes mientras que suman 73 en los siete años de mandato, lo que supone el 57 por ciento del total histórico, para informar de 151 informes. Además, Amilivia asistió a la Comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la COVID-19 en el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó el año pasado 21 informes de fiscalización, con 124 recomendaciones a los entes fiscalizados como la Administración General de la Comunidad y las diputaciones, ayuntamientos, entidades locales menores y otro tipo de entidades dependientes del sector público local. En los siete años del mandato en curso de la institución, las recomendaciones señaladas en los trabajos del Consejo de Cuentas suman 912 de las 2.612 efectuadas en toda la serie histórica.
Uno de los datos relevantes de la Memoria de Actividad, aprobada en el Pleno de la entidad fiscalizadora, es el grado de aceptación de las recomendaciones por parte de los entes fiscalizados, que alcanzó el 72 por ciento. Un dato que el Consejo de Cuentas interpreta como una “expresión de la ‘auctoritas’” de la institución. No en vano, la función principal de las recomendaciones es corregir deficiencias y fortalecer la gestión de los recursos públicos. En esta línea, el Consejo realizó un nuevo informe anual de seguimiento para verificar si las entidades fiscalizadas aplican las medidas observadas.
Además, celebró durante el ejercicio anterior 26 plenos con 158 acuerdos y aprobó un total de 84 trabajos de fiscalización en la XI Legislatura. En esta línea, para continuar dando a conocer la actividad de la institución en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma se celebró un Pleno en Ávila. Para hacerse una idea del trabajo de control externo que se realiza sobre el sector público autonómico y las casi 5.000 entidades del sector público local, baste señalar que alcanza a un volumen global aproximado de 21.000 millones de euros.
La Memoria también destaca el índice de rendición de cuentas por las entidades locales, con el 80 por ciento de los ayuntamientos, lo que supone estar por encima de la media de las comunidades autónomas.
Por otro lado, el documento anota que en 2025 se registraron 340.237 visitas a la web del Consejo de Cuentas, un 90 por ciento más que en el ejercicio anterior, hasta el punto de que se trata del mejor dato absoluto y de crecimiento interanual desde que en 2012 se realizase una renovación integral de su estructura y contenidos. Desde el inicio del actual mandato en 2019, el crecimiento ha logrado triplicar la difusión.
La institución valoró, según recogió la Agencia Ical, que la Memoria anual es un “ejercicio de rendición de cuentas y transparencia en la que se recogen todas las actividades de fiscalización”, que detalla cómo la institución “ha cumplido con su misión de vigilar el dinero público y seguir contribuyendo a la mejora de la gestión de la administración autonómica, las nueve diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades públicas”.
