El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la mañana de este jueves la recuperación de la prestación presencial del servicio público por parte de los empleados públicos a partir del 1 de octubre, dentro del marco actual de evolución favorable en los últimos meses de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
La presencialidad en la Administración recupera una situación anterior a la pandemia, teniendo en cuenta que, salvo excepciones, la práctica totalidad de los empleados públicos tienen la pauta completa de vacunación. En este sentido, el acuerdo contempla la necesidad de compatibilizar las normas aplicables de protección a la salud de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones a través de principios y medidas preventivas, así como de la puesta a disposición de información suficiente y actualizada sobre las medidas que se implanten.
Este acuerdo, que ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos, es de aplicación al personal que preste servicios en la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y en los Organismos Autónomos dependientes de esta, y están excluidos, debiendo atender a la organización propia de cada consejería, el personal que preste servicios en los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y los centros de servicios sociales dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.
