Un total de 2.981 familias segovianas están inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, una cifra que, en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León, suma alrededor de 27.600 unidades familiares. En otras palabras, más de 10.000 segovianos aspiran a acceder a una vivienda, en régimen de compra o alquiler, de titularidad pública; en este caso, promovidas por la Junta de Castilla y León.
El dato fue ofrecido por el director general de Urbanismo y Vivienda, Ángel Marinero, que, junto con el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, presentó las 22 medidas urgentes aprobadas por el Gobierno regional para facilitar el acceso a la vivienda.
Marinero acudió a Segovia para reunirse en la Delegación Territorial con representantes de asociaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones de vecinos de la provincia y exponerles las medidas para facilitar el acceso a la vivienda, aprobadas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León el pasado mes de julio.
Marinero recordó que la Junta de Castilla y León ha atendido de forma inmediata el grave problema de los desahucios a través del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios, con el doble objetivo de prevenir las situaciones de riesgo y buscar soluciones alternativas.
El objetivo de estas medidas es, según resaltó el director general, dar una respuesta activa a la grave situación que atraviesan numerosas familias y personas de la Comunidad actuando en diversos ámbitos: los colectivos de especial atención, la movilización de las viviendas de titularidad pública, salida al mercado de las viviendas disponibles, fomento del alquiler y adaptación del régimen legal de las viviendas protegidas al nuevo contexto social y económico.
En primer lugar, el decreto-ley amplia los colectivos sociales de especial protección respondiendo a las nuevas circunstancias sociales generadas por la crisis. De esta forma, se suman ahora, por ejemplo, las familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo; deudores hipotecarios que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial con resultado de lanzamiento.
La segunda medida atiende a aquellas personas que han suscrito un contrato para la compra de una vivienda promovida directamente por la Junta de Castilla y León, facilitando el pago de las cuotas de compra. Se contempla una moratoria en el pago de la cuota mensual, interrumpiéndolo durante un año prorrogable hasta un máximo de cuatro años, y la reestructuración de la deuda pendiente ampliando el período de amortización en un máximo de cinco años.
En el caso de alquiler de una vivienda promovida por la Junta, se contempla la moratoria en el pago de la renta mensual, interrumpiéndolo durante un año prorrogable hasta un máximo de cuatro; se prevé la reducción de la renta mensual desde un 30 % hasta un 50 %, durante un año prorrogable hasta un máximo de cuatro años; y se contempla la reestructuración de la deuda pendiente, fijando un plazo de cinco años de su abono.
Para facilitar la compra de las viviendas promovidas por la Administración regional a las personas y familias que cuenten con recursos suficientes, la cuarta medida contempla la amortización anticipada en condiciones económicas favorables con deducciones que llegan desde un 10 % hasta un 30 % del precio de la vivienda.
Las personas y familias que ocupen régimen de alquiler viviendas promovidas por la Comunidad y cuenten con recursos para ello, pueden solicitar la compra de la vivienda en condiciones favorables con deducciones en el precio desde un 10 hasta un 40 %.
La sexta medida facilita el acceso a una vivienda de promoción pública a sectores más amplios de población, rebajando sustancialmente los precios máximos de venta o de alquiler de las viviendas aún sin adjudicar o en proceso de construcción, aplicando un coeficiente reductor del 0.8, lo que supone que los precios máximos de venta o alquiler se rebajan en un 20%.
En este caso de viviendas no ocupadas, Marinero puso como ejemplo que los precios de compra en la capital segoviana bajarían, para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, de 141.000 euros a 113.000, mientras que el arrendamiento pasaría de 590 a 433 euros al mes.
Por otra parte, según añadió Marinero, se reserva un porcentaje de viviendas protegidas de titularidad pública, tanto de la Administración autonómica como local, que estén desocupadas para ser destinadas en alquiler a las personas y familias en riesgo de exclusión social, siendo los servicios sociales los encargados de valorar las necesidades.
Otra de las medidas supone la ampliación del período de amortización de los préstamos hipotecarios suscritos en el marco de los convenios de la Junta con las entidades financieras, sin necesidad de previa autorización administrativa y sin que afecte a la subsidiación de los intereses que estuviesen reconocidos.
Plan para el fomento del alquiler.- La política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que pretende dotar de mayor flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.
El nuevo Programa de Fomento del Alquiler establece un sencillo procedimiento de intermediación que facilita el contacto entre arrendador y arrendatario a partir de la inclusión de las viviendas en el programa prestando la administración la información, asesoramiento y apoyo necesarios a arrendador y arrendatario, estableciéndose una renta máxima del 80 % de la renta de una vivienda protegida y el seguro que la administración podrá suscribir para garantizar los impagos o los costes de reparación de desperfectos en la vivienda. Los precios establecidos para este programa en la capital Segovia se sitúan en 262 euros al mes para una vivienda de 50 metros cuadrados y en 473 para una de 90 metros cuadrados.
