María Emilia Casas, a todos los efectos ya ex presidenta del Constitucional, sufrió ayer una tan metafórica como aparatosa caída del caballo de la parcialidad y, durante la despedida oficial de su cargo al frente de la más alta instancia española, lanzó una feroz diatriba a los partidos políticos, a los que acusó de incumplir la Constitución por no respetar los plazos para que el Congreso y el Senado procedieran a la renovación del tribunal, algo que, proclamó con tono airado, «a todos perjudica».
La magistrada, fielmente alineada durante años con las posturas del PSOE, hasta el punto de que ni una vez su voto fue discrepante con el del resto de sus compañeros designados por los socialistas, intentó aportar algo de dignidad a su despedida y, tras años de plena complicidad con una politización judicial que desde diversos frentes se considera insufrible,
trató de atribuir a las Cortes toda la responsabilidad de las irregularidades que durante años han cortocircuitado y desprestigiado al Tribunal Constitucional.
«El retraso en la ordenada renovación del Tribunal a nadie favorece y a todos perjudica. Especialmente al Parlamento, que infringe las previsiones constitucionales», alegó Casas, antes de sostener que tampoco es conforme a la Carta Magna que tres de los magistrados que permanecen -los que debe designar el Congreso- tengan ya su mandato extinguido.
La ya ex presidenta consideró que la legitimidad que otorga la designación de los jueces por los representantes del pueblo «se ve empañada» si no se produce en plazo y «queda embarrada por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento».
Tal ataque de sinceridad, gratuito por producirse una vez que deja su cargo, tuvo lugar durante el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado, el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y los catedráticos Francisco Pérez de los Cobos, Luis Ortega y Adela Asúa.
Además de Casas, ayer abandonaron el Constitucional los magistrados Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, tras más de tres años de bloqueo por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para acometer la renovación.
Tras la toma de posesión de los cuatro nuevos integrantes, el magistrado de mayor edad, Javier Delgado, asumió en funciones la presidencia del Constitucional hasta que se convoque un Pleno del tribunal para elegir al nuevo mandatario, lo que tendrá lugar la próxima semana.
En su condición de líder interino, Delgado también aprovechó su intervención protocolaria para hacer otra referencia a los retrasos en la renovación: «Queda constituido el Tribunal Constitucional dejando constancia de la anomalía de su situación», fueron sus palabras textuales.
Lo cierto es que el discurso de Casas fue respaldado unánimemente por todos los magistrados
-tanto salientes como entrantes, conservadores y progresistas- al considerar que, según explicaban a los periodistas varios de ellos una vez terminado el acto, puso «los puntos sobre las íes».
«Todos suscribimos las palabras de la presidenta, porque no se puede hacer eso a un tribunal», decía por ejemplo Eugenio Gay.
Muy distinto fue el análisis del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, quien explicó que, aunque Casas dijo «cosas que son ciertas», no está legitimada para decirlas porque en su día dio el visto bueno a una ley que permitió la prórroga de su mandato.
De hecho, el popular definió el mandato de la jueza saliente como
el «período más negro» en la vida del alto tribunal.
En fuerte contraste, los dos ministros asistentes al acto, el de Presidencia y el de Justicia, Ramón Jáuregui y Francisco Caamaño, se limitaron a echar balones fuera y, tras considerar que los reproches de Casas a los partidos parlamentarios «deben ser asumidos», se apresuraron a argumentar que «la situación no ha sido culpa del Gupo Socialista».
