El exconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer que todas las evaluaciones de Impacto Ambiental para parques eólicos realizadas cuando estaba al frente de la Consejería, se tramitaron “conforme a la ley” y sus informes están disponibles. Fernández Carriedo respondió así a las acusaciones del Grupo Socialista sobre la demora en estas tramitaciones. También sobre la posible relación de la agilización de las mismas con el cambio en el accionariado de las sociedades promotoras de estos parques vinculadas a empresas de la denominada ‘trama eólica’.
En este sentido, Fernández Carriedo se refirió a la petición socialista para que comparezca ante la comisión que investiga estos hechos, al hilo de lo cual aseguró que no tiene “ningún inconveniente” en hacerlo si así lo acuerda la comisión.
El procurador socialista Javier Izquierdo anunció ayer la petición del Grupo Parlamentario socialista de la comparecencia de Carriedo. Así, recordó que como titular de esta cartera, Fernández Carriedo era el responsable de firmar los expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental de futuros parques eólicos. Expedientes que “en algunos casos acumularon demoras de hasta tres años”, pero que “se resolvían al día siguiente de que se produjeran cambios en el accionariado de las sociedades promotoras”, afirmó.
Por eso, Izquierdo insistió en que la tramitación de estos parques se retrasaba hasta la entrada en el accionariado de estas sociedades de empresas vinculadas con la supuesta trama. Así, puso el ejemplo de San Cayetano Wind —propiedad del exresponsable de Excal Alberto Esgueva—, que podría haber ingresado hasta 47 millones de euros tras la venta de su participación a sus propietarios iniciales una vez conseguidas todas las licencias.
El procurador socialista recordó que cuando Fernández Carriedo llegó a la Consejería de Medio Ambiente en 2004, la demora de los expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental para estos parques eólicos “oscilaba entre los seis y diez meses”, mientras que posteriormente se elevó hasta moverse “entre el año y medio y los tres años en algunos casos”. Entre estos parques citó los burgaleses de La Cotera, Quintanilla, El Carril, El Negredo y La Calzada; los leoneses de Valdecarrión, la Cueza, Valdeperondo y Argañoso, o el soriano de Caramonte.
Sin embargo, advirtió de que frente a estos retrasos, en otros casos “no se producían tales demoras”. Además, aseguró que existían evaluaciones de Impacto ya redactadas que “no se otorgaban hasta que no se producía el cambio de accionariado de la sociedad promotora”, algo que definió como “una clara maniobra de extorsión” a las empresas que querían instalar parques eólicos. Por ello, Izquierdo consideró “muy relevante” la comparecencia de Carriedo para “aclarar esta circunstancia”.
