El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves una “siguiente fase” en la que la Junta solicitará la gestión del lobo también al sur del Duero, después de que el Congreso de los Diputados aprobara, con los votos a favor de PP, Vox, Junts y PNV, la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, que recoge una enmienda introducida por los ‘populares’ para retirar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre) al norte del río Duero.
Sin embargo, Carriedo vaticinó que “es posible” que la Junta y el sector “se encuentren con la posición contraria del Gobierno” para esta nueva petición, sobre la que pronosticó: “No pararemos y habrá una siguiente fase. El trabajo realizado en los últimos años también será útil”, afirmó.
La norma entrará en vigor con rango de ley tras su publicación en el BOE, lo que abrirá la puerta a organizar extracciones de lobos, aunque estas actuaciones deben estar respaldadas por un plan de gestión de la especie. “Se tiene que aplicar cuanto antes, porque tiene rango de ley”, expuso Carriedo.
El consejero recordó que este paso “es muy importante tras mucho tiempo negociando en esta dirección”, una línea, añadió, que ha recibido el apoyo de las organizaciones agrarias y y que respalda los “intereses” de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, las regiones loberas de España por excelencia.
Por último, el consejero defendió que la gestión del lobo “se venía haciendo en el pasado hasta que el Gobierno rompió el equilibrio” con su inclusión en el Lespre.
“Empezar a trabajar”
Después de asistir al Pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobó rebajar la protección del lobo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, celebró esta decisión que acaba “con unos años terribles de zozobra para nuestros ganaderos”.
“Es un día importante para Castilla y León y entendemos que también para España”, apuntó Suárez-Quiñones, que se acordó también de “esas personas que se dedican a mantener nuestro medio rural y a mantener nuestra alimentación en Castilla y León, y que veían atacado ese mundo rural por el régimen que regía la protección del lobo por virtud de una decisión del Gobierno de España del año 2021 que nadie entendió”.
Las enmiendas aprobadas abren la puerta a que las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar la especie, una circunstancia que según Quiñones permitirá a Castilla y León “buscar lo que siempre hemos hecho: un estado de conservación favorable del lobo, pero en equilibrio con los daños que producía a la ganadería”. Por ello, recalcó que este cambio legal “obliga” ahora a la Junta de Castilla y León “a empezar a trabajar” para adecuar la normativa para volver gestionar la especie al norte del río Duero.
También explicó otra de las enmiendas aprobadas hoy que permitirá que “cuando la directiva europea cambie, automáticamente al sur del río Duero se verá modificado también el régimen jurídico del lobo y será gestionable”.
En este sentido recordó que de momento esa zona “es un espacio estrictamente protegido por disposición de la directiva europea Hábitats lo que impide que se pudiera cambiar la ley para volverlo gestionable”.
COAG lo celebra
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, apuntó que la decisión responde a una de las principales reivindicaciones de COAG durante los “intensos” procesos de movilizaciones llevados a cabo durante los últimos años. “La decisión tomada en 2022 por la exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se produjo con la oposición de todo el sector agrario y sin escuchar a los ganaderos, principales afectados por la medida”, señaló.
Tanto es así, que en los últimos tres años los ataques de lobos a ganado han aumentado un 47 por ciento. Sólo en Castilla y León han sido 10.776 las veces que las granjas han sido asaltadas por lobos, mientras que el número de reses devoradas en el mismo periodo se ha elevado a 16.969.
