El candidato Pedro Sánchez no ha sido, de momento, investido presidente del Gobierno de España. Los antisistema de Pablo Iglesias no aceptaron los ofrecimientos del PSOE para entrar en el futuro gobierno. Y yo me alegro. En realidad, me da igual quién ha sido el «culpable» de que este país gane tiempo. Veremos si hay posibilidades de formar una nueva mayoría o finalmente se convocarán elecciones. Lo que es seguro es que durante unos meses no subirán los impuestos, ni se pondrán más trabas a los empresas y autónomos y no aumentará el gasto público. No en vano, siguen vigentes los últimos Presupuestos de Rajoy, que llevan camino de ser los más longevos de la historia de España.
La presencia de los comunistas-populistas de Podemos en el Gobierno de España hubiera sido pernicioso y más teniendo en cuenta los síntomas de agotamiento que ya ofrece la economía española. La última EPA conocida y relativa al segundo trimestre del año, ya refleja cómo la subida del SMI en un 22,3 por ciento empieza a traducirse en más paro y menos contrataciones, precisamente en los sectores a los que aseguran sus apóstoles defender: jóvenes y trabajadores con poca cualificación. Otro dato: hay más temporalidad en el sector público que en el privado, hay un millón de jóvenes que ni estudia ni trabaja y el paro, después de casi 20 meses, en datos desestacionalizados, ha subido.
Pero, además, otros indicadores que venimos señalando desde hace varios meses siguen empeorando: la venta y producción de vehículos, la balanza comercial, el consumo eléctrico en la industria y, muy importante, la confianza de inversores y de sectores como el inmobiliario, el energético o el financiero, a los que le tiemblan las piernas, con razón, sólo de imaginar un Gobierno de España con ministros de extrema izquierda que necesita, además, los apoyos de independentistas, nacionalistas y bilduetarras. Un cuadro del que ya hemos visto los resultados y que podría ser aún peor, si tenemos en cuenta los acontecimientos que se producirán como consecuencia de la sentencia del Supremo sobre el golpe de estado en Cataluña, la Diada o el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
