El Gobierno, apenas dos días después de las elecciones con nocturnidad y alevosía, ha enviado a Bruselas las previsiones macroeconómicas para los próximos cuatro años. Como ya nos temíamos, el estacazo fiscal no era únicamente una propuesta en los Presupuestos Generales del Estado pactados con Podemos o una promesa electoral. En las previsiones, ahora redactadas y que llegaron a las redacciones el martes por la noche y antes del Puente de mayo, se confirma que hay una masiva subida de impuestos que suponen 26.000 millones de euros. Los ministros se empeñan en decirnos que sólo lo pagarán los ricos, los que ganan más de 13.000 euros. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este impuestazo, el mayor de la democracia, lo pagaremos todos.
En España hay 90.000 personas que ganan más de esa cantidad. De hecho, en el cuadro enviado a Bruselas se reconoce que de esa partida IRPF a ricos se recaudarán este año 328 millones de euros, la mitad que con la subida del diésel que pagarán los casi 18 millones de contribuyentes, trabajadores y autónomos, que tienen un vehículo que consume ese carburante. Para este año, el Gobierno prevé recaudar con nuevas medidas de ingresos más de 5.600 millones. Por ejemplo, 1.200 millones del llamado impuesto digital, 850 millones del de Transacciones Financieras o 339 millones del Impuesto sobre el Patrimonio. Algunas fuentes han avanzado que Sánchez quiere que estos impuestos empiecen a devengarse desde el 1 de enero pasado. Al margen de que ya Bruselas y la AIREF dijeron en su momento que no eran creíbles estas cifras, no tengan la menor duda de que los bancos y las tecnológicas acabarán repercutiendo esta subida a los consumidores. También aumenta el Impuesto sobre Sociedades, casi 1.800 millones, en un momento de desaceleración, subida del SMI y de las cotizaciones sociales en cerca de 3.800 millones, lo que acabará repercutiendo en el empleo.
Las previsiones apuntan que la recaudación fiscal tendrá que subir muy por encima del PIB por crecimiento, que será menor, y por impuestos. Según los cálculos realizados por Manuel Llamas para ‘Libertad Digital’, estamos hablando de un pago de cerca de 1.000 euros extra al año por contribuyente.
