El Plan Presupuestario que hace unos días el Gobierno en funciones envió a Bruselas ha recibido un buen varapalo. La carta enviada por la Comisión Europea no deja una cifra en pie. En la misiva, le dicen a la ministra de Economía en funciones que el plan de España se desvía del ajuste fiscal exigido. En concreto, la CE se refiere al ajuste del déficit público, incluido el estructural, el control del gasto público y la rebaja de la deuda pública. En definitiva, exige al Gobierno que aumente los ingreses o reduzca los gastos y que en cuanto sea posible remita un nuevo plan presupuestario. El ejecutivo comunitario no sólo critica duramente lo irreal de las cifras del Gobierno de España, es que, además, le pone cifra a los deberes que el futuro gobierno tendrá que asumir. Nada menos que 6.500 millones de euros de ajuste a través de más impuestos o menores gastos.
Ya dijimos la semana pasada, que el plan enviado a Bruselas era un cuento chino. De hecho, el documento de Calviño tenía muy claro cuánto dinero iba a gastar, pero no quedaba en absoluto claro cómo se iba a financiar. Recordemos que el Ejecutivo de Sánchez, que lleva semanas vendiendo que nadie ve riesgo de crisis y que estamos en la maduración del ciclo, se ha comprometido a subir las pensiones un 0,9%, más de un 2% el salario de los funcionarios, decenas de euros en otros gastos y que había calculado erróneamente el coste de los viernes sociales, y que todo eso suma un gasto público por encima de los 15.000 millones de euros sin aclarar de dónde van a salir.
No hace tanto, el Gobierno nos hablaba, y así lo reflejó en el anterior plan enviado a Bruselas, de la tasa tecnológica, el impuesto a la banca, subir Sociedades, el IRPF, el diésel y otros nuevos impuestos verdes. Un plan de ingresos, por cierto, que nadie, incluido Bruselas, se creyó. Pero, que ahora ha desaparecido del lenguaje «quizás» porque estamos en campaña electoral.
Mañana jueves se publica la EPA del tercer trimestre y el 5 de noviembre los datos de paro registrado. No parece que haya optimismo. Y es que las malas decisiones se pagan. La pagan los ciudadanos en forma de paro y las empresas en facturación, lo que ralentiza la inversión y la creación de puestos de trabajo.
