La directora de Cáritas Segovia, Rosario Díez y la abogada de esta organización María José Gallardo han explicado esta mañana en rueda de prensa los aspectos más negativos el proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su Integración Social, que a su juicio dificulta la reagrupación familiar y el empadronamiento, al tiempo que discrimina a las mujeres víctimas extranjeras en situación irregular que son víctimas de violencia de género, entre otros.
Otro de los aspectos más criticados por Cáritas, que ha realizado un comunicado conjunto a nivel nacional junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEDAR) y la Reda Acoge, es que el tiempo de permanencia máximo en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ha pasado de cuarenta a sesenta días, tiempo en el que se ven privados de derechos como la comunicación con un abogado, según informó Gallardo.
Cáritas Segovia reconoce que era necesario reformar la actual Ley de Extranjería, entre otras cosas para cumplir con directivas europeas e incluso sentencias del Tribunal Constitucional, pero lamenta «que en muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una auténtica política de inmigración auténticamente orientada a la integración».
Aunque el proyecto de ley de reforma fue aprobado en el Parlamento a finales del pasado mes de octubre, desde esta organización vinculada a la iglesia se apela a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía para apostar por una visión integradora de la inmigración.
En este sentido, el reglamento que tiene que desarrollar las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería todavía tiene que pasar varios trámites.
