La Guardia Civil detuvo a cinco personas e investigó a otras 15, dentro de la operación ‘Finoplast’, por pertenecer supuestamente a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal internacional de residuos plásticos. Se estima que se han importado, almacenado y exportado de forma ilegal 41.000 toneladas de estos residuos.
La investigación se inició tras la localización, en 2022, de un vertedero ilegal en una antigua ladrillera de la zona del Bierzo. Tras las indagaciones, los agentes observaron que la mayoría de ese material procedía de la agricultura con origen en Francia y Portugal y había sido transportada por camiones portugueses de gran tonelaje, aprovechando viajes de retorno entre ambos países. Además de en el Bierzo, el material se depositaba en otros vertederos de La Bañeza (León), y Alberic (Valencia).
Parte de esa basura se depositaba en esas instalaciones, mientras que el resto se enviaba a terceros países de forma ilegal, haciéndolos pasar por materia prima o falseando la documentación ambiental. Los agentes detectaron traslados ilegales de más de 22.700 toneladas a India, Turquía, Vietnam, Tailandia, Pakistán, reino Unido, Hong Kong, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes.
Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, detectó conexión de los detenidos con empresas vinculadas a la gestión de residuos plásticos de la provincia de Almería, donde se cargaban contenedores mediante lo que se denomina como ‘lapadera’, balas de plástico limpio que se colocan en la parte delantera del contenedor para que en caso de inspección el residuo quede oculto detrás.
Tras la recogida de muestras por parte del Seprona, y el análisis toxicológico, se detectaron sustancias tóxicas en 15 de las 16 muestras.
Además se registraron cuatro empresas que son la sede social de 16 residuos almacenados, inspeccionado otras cuatro y dos viviendas donde se ha intervenido documentación. También se localizaron miles de toneladas de residuos en instalaciones clandestinas, gracias al apoyo de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, además de la Unión Europea, que ha colaborado en el mapeado y volumetría de los residuos a través del programa ‘Copernicus’.
La autoridad judicial y fiscal de la Oficina de Gestión y recuperación de Activos se encargarán de la averiguación patrimonial. La investigación corrió a cargo del Equipo de Seprona de la Guardia Civil de León, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la misma ciudad. Se decretó prisión provisional para el cabecilla de la trama y se emitieron 21 órdenes europeas de investigación.
