En las últimas semanas, han sido muchas las voces desde todos los ámbitos políticos y agrarios que han augurado el fin del sector por la aplicación de la propuesta comunitaria de la expulsión de los agricultores profesionales, por lo que puede suponer de aliciente a la falta de productividad.
La realidad es que se va a modificar el mecanismo base para conceder las ayudas, al sustituir los pagos por rendimiento a por hectárea. Pero, esa modificación de los criterios para calcular la cuantía no va a suponer un cambio total en lo que se refiere al volumen de ayudas que recibe hoy el país ni una explotación y, obviamente, en contra de lo que se ha augurado, sobre todo, en tiempos de campaña electoral, no va a desaparecer el campo ni la actividad agraria más eficiente.
Quienes más cobran en la actualidad, lo van a seguir haciendo, aunque hasta 2019 se debe tender hacia un proceso de convergencia de fondos. Ello significa, por ejemplo, que las tierras de secano tenderán a disponer de una ayuda similar, y lo mismo, en los regadíos. Pero, a partir de ese año, nunca se van a cobrar igual los distintos tipos de cultivo, ni se van a primar superficies abandonadas, sin actividad. Además, un país tiene margen para mantener ayudas acopladas a explotaciones ganaderas que hoy reciben pagos directos.
A la hora de hablar de la futura reforma de la PAC, el primer punto a clarificar es el montante del presupuesto que se dispondrá, algo que hoy por hoy no se conoce. Bruselas ha presentado unas cifras en su propuesta que suponen la congelación de los pagos al año 2013, 435 millones, en una línea de continuidad con el pasado. La cifra asignada no contempla el deterioro de la misma por la inflación, nada nuevo para un sector como el agrario, donde las ayudas no se han movido durante décadas.
Ese montante de recursos ha sido rechazado por todo el sector y por una parte de los países miembros, entre ellos España. Pero, la realidad es que se trata incluso de una cifra en el aire al estar pendientes las negociaciones para establecer el presupuesto comunitario para el período comprendido entre 2014 a 2020.
Alemania ya dio un toque de atención en el último Consejo de Ministros de Agricultura para señalar la posibilidad de una política de gastos más restrictiva.
A partir de unas disponibilidades financieras para la aplicación de la PAC, uno de los principios de la filosofía comunitaria es que las ayudas vayan preferentemente a los profesionales. Para Bruselas es un activo quien, del conjunto de sus ingresos, recibe más del 5% de ayudas comunitarias o, simplemente, quien desarrolla su actividad de una forma correcta en una explotación agraria. Además, se considera que todos los que perciban ayudas por menos de 5.000 euros serán calificados como tales. De acuerdo con esta definición, en el futuro serán activos todos los actuales beneficiarios, unos 930.000, así como varios miles más de agricultores que en la actualidad no reciben ayudas.
Modulación
Otra vía para disponer de más fondos para apoyar a los profesionales de la explotación familiar es el viejo sistema de modulación de ayuda. La propuesta exime de la rebaja a quienes cobren menos de 5.000 euros y aplica una tabla progresiva de recortes que parte del 20% para subvenciones entre 150.000 y los 200.000 euros, para llegar al 100% para cobros superiores a los 300.000 euros.
Para concentrar más las ayudas en los profesionales, un país puede eliminar los pagos a quienes sean pasivos, por ejemplo, a los jubilados que perciben una pensión de 600 euros y siguen activos. Es un debate. Pero, sería injusto quitar ese pago a un jubilado que por su baja pensión sigue en la explotación y que vive en el medio rural. Además, la normativa permite a un pensionista seguir como autónomo con ingresos hasta el salario mínimo.
España percibirá un sobre nacional de unos 5.000 millones de euros, una cifra similar a la de las campañas anteriores y que en la actualidad se reparte en función de unos derechos históricos de producción o el volumen de unas cabañas ganaderas como en vacuno y ovino-caprino.
Con la reforma, la división de esos fondos se hará asignando un derecho a los 24.5 millones de hectáreas elegibles en la agricultura. El problema es que habrá que definir qué hectárea son elegibles, si se tiene en cuenta que hay solo 16 millones de derechos. Para las cabañas ganaderas sin tierra donde asignar unos derechos, existe la posibilidad de que el Estado fije ayudas acopladas para mantener los pagos actuales.
