La Comisión Europea (CE) propuso ayer que los impuestos aplicables a combustibles de automoción y calefacción tengan en cuenta las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el consumo energético, de manera que se penalice a los carburantes más contaminantes. De esta manera, si se aprobase esta medida, España debería subir el precio del diésel al menos ocho céntimos por litro de aquí a 2018 para respetar los nuevos umbrales comunitarios.
Estas nuevas tasas no se aplicarían a la aviación, al transporte marítimo, ni a la agricultura.
El objetivo de Bruselas es contribuir con esta medida a la lucha contra el cambio climático y transformar el sistema fiscal actual, que favorece a los combustibles fósiles frente a las energías renovables, en especial al carbón. «Por el momento, las fuentes de energía más contaminantes son, paradójicamente, las que menos impuestos pagan. En cambio, los biocombustibles contribuyen en mayor proporción pese al compromiso de la UE de incrementar el porcentaje de energías renovables en el transporte. La nueva propuesta subsanará esta contradicción», manifestó la Comisión.
Necesaria la unanimidad
La CE pretende introducir un arancel de 20 euros por tonelada de CO2 y otro vinculado al consumo energético: 9,60 euros por gigajulio (GJ) para carburantes de motor y 15 céntimos de euro por GJ para combustibles de calefacción. No obstante, los países comunitarios podrán decidir excluir a los combustibles para calefacción de los hogares de la aplicación de esta potencial normativa.
El Ejecutivo comunitario calcula que esta modificación elevará el umbral mínimo de tasación exigido en la UE para el diésel de los 330 euros por cada 1.000 litros en la actualidad hasta los 412 euros en 2018, mientras que para la gasolina permanecerá alrededor de los 359 actuales.
La propuesta debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete, pero tiene pocas posibilidades de salir adelante en la actual situación económica y el deseo de algunos países (como el Reino Unido) a mantener su soberanía en cuestiones fiscales. Sin embargo, la medida ya ha provocado alarma en la industria, que asegura que se traducirá en una subida de precios.
Bruselas, en cambio, asegura que los límites mínimos que fijará la nueva disposición ya son superados por la mayoría de los Estados miembros, con lo que el impacto en la práctica no será drástico, y añade que aunque la directiva está previsto que entre en vigor en 2013, se permitiría un período de transición hasta 2018 para respetar los umbrales de tasación mínimos y hasta 2023 para alinear los impuestos de los distintos combustibles.
Esto significa que en 2018, los países podrán acogerse a la tasa mínima europea para ciertos carburantes y a la vez imponer impuestos más elevados para otros combustibles, mientras que en 2023 tendrán que elegir una tasa equitativa para todos.
España se verá afectada, ya que su mínimo para el diésel es de 331 euros por cada mil litros, inferior a los 412 euros que quiere imponer Bruselas. El umbral español para la gasolina (424 euros por cada mil litros) es sin embargo superior a los 359 euros europeos.
