La Comisión Europea abrió la puerta a discutir con los Estados miembro los criterios que definió para el reparto de demandantes de asilo y que según el Gobierno español no están bien ponderados porque pesan menos el criterio del nivel de desempleo en un país y no se tiene en cuenta el esfuerzo que hace un país en el control de la inmigración irregular en las fronteras externas de la UE.
Bruselas propuso el pasado miércoles un sistema de cuotas obligatorio para distribuir a los demandantes de asilo entre todos los Estados miembro y descargar así a los países afectados en primera línea por la crisis migratoria en el Mediterráneo, como Italia, Grecia o Malta en base a los criterios del Producto Interior Bruto, el tamaño de la población, la tasa de paro y la medida de peticiones de asilo tramitadas y refugiados reubicados entre 2010-2014.
Protestas
“Habrá por supuesto la oportunidad de discutir más específicamente sobre los criterios con cada Estado miembro”, avanzó la portavoz del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa, Natasha Bertaud, preguntada por si es posible que el Ejecutivo comunitario modifique la ponderación de los criterios tal y como solicitó el propio Gobierno español.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, defendió que la Comisión debería “darle otra vuelta” a los criterios tras considerar que el peso del 10 por ciento de los criterios del nivel de paro y el esfuerzo anterior realizado de acogida están “muy infra-ponderados” frente al 40% de los criterios de PIB y población y reclamó que se tuviera en cuenta además el “enorme” esfuerzo de España para controlar la inmigración en las fronteras externas, en beneficio del resto.
Bruselas planteó que España acoja a 1.549 personas dentro de un programa para acoger de manera legal a demandantes de asilo y, además al 9,1 por ciento de los demandantes de asilo que tengan que ser reubicados desde los países más afectados por la presión migratoria (Italia y Malta), y eso es lo que el Gobierno quiere ver concretado en cifras absolutas.
La portavoz aclaró que la propuesta que presentó la semana pasada el Ejecutivo comunitario constituye “una primera idea” y quedan “muchos detalles por finalizar”, al tiempo que precisó que presentarán próximamente una propuesta legislativa concreta.
La próxima propuesta, que se someterá a votación, deberá ser aprobada por “mayoría cualificada” de los Estados miembros.
