La Comisión Europea pidió ayer a España y a otros 14 Estados miembros que le envíen varios acuerdos fiscales con multinacionales para determinar si otorgan una ventaja selectiva a las compañías en cuestión y suponen por tanto ayudas de Estado encubiertas.
El Ejecutivo comunitario eludió desvelar la identidad o el número de empresas afectadas. Únicamente concretó que la solicitud afecta a entre 5 y 10 compañías por Estado miembro y que la selección no se ha hecho al azar sino que responde a que se han detectado elementos sospechosos en el análisis preliminar realizado por Bruselas.
De hecho, la Comisión ya pidió en diciembre del año pasado a todos los Estados miembros que le remitieran información sobre sus prácticas en materia de decisiones tributarias anticipadas (‘tax rulings’) así como una lista completa de los acuerdos vigentes. Tras examinar estos datos, Bruselas reclama ahora el texto de los acuerdos que le generan más dudas.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dijo el pasado 20 de mayo que no tenía dudas sobre las decisiones tributarias anticipadas de España. Sin embargo, su departamento incluyó a España en la lista. También pidió información a Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.
“Queremos analizarlas muy cuidadosamente para determinar si los Estados miembros utilizan las decisiones fiscales anticipadas para conceder a las empresas ventajas fiscales selectivas que vulneran las reglas de la UE en materia de ayudas públicas”, dijo Vestager.
El hecho de solicitar estos acuerdos fiscales no prejuzga si ello conducirá a la apertura de investigaciones en materia de ayudas públicas contra las empresas beneficiarias, según aclaró Bruselas. El Ejecutivo comunitario ordenó además a Estonia y Polonia que le envíen en el plazo máximo de un mes información completa sobre sus prácticas en materia de ‘tax rulings’. Estos dos países no respondieron adecuadamente a la petición de datos del pasado diciembre y Bruselas les amenaza ahora con enviarlos al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
