La Comisión Europea envió ayer un ultimátum a ocho estados miembros, entre ellos Alemania, Francia, Italia y Grecia para que trasladen plenamente a sus legislaciones nacionales las normas europeas en materia de asilo y residentes de larga duración. La decisión de Bruselas tiene la forma de un dictamen motivado, que es la segunda fase del procedimiento de infracción, y da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para responder. Si las medidas adoptadas para entonces no son satisfactorias, la Comisión podrá remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En concreto, el Ejecutivo comunitario insta a Alemania, Estonia y Eslovenia a informar de las medidas nacionales puestas en marcha para adaptarse a la directiva de procedimientos de asilo, que establece los procedimientos armonizados que se deben seguir en la tramitación o denegación de protección internacional.
En este sentido, Alemania tampoco informó a tiempo de cómo ha trasladado a su legislación la directiva en materia de recepción, que establece las condiciones de acogida para los demandantes de asilo mientras esperan a que sean resueltos sus expedientes.
De esta forma, Bruselas explicó que no ha recibido respuestas satisfactorias de parte de ninguno de estos Estados miembros, pese a que en septiembre de 2015 se les informó del retraso y se pidió información sobre las medidas aplicadas.
En cuanto a Grecia, Francia, Italia y Eslovenia, el Ejecutivo comunitario cree que no han informado satisfactoriamente del modo en que aplican en su territorio la directiva que afecta a los residentes de larga duración. Una directiva que fue actualizada para incluir en ella a los refugiados y a todos aquellos que se benefician de protección.
Bruselas avisa de que la reducción de las divergencias en los sistemas de asilo nacionales es esencial para contribuir a reducir los movimientos secundarios de quienes buscan protección en la Unión Europea y tratan de llegar a Estados miembros en donde las normas les son más favorables.
Por otra parte, los Veintiocho dieron ayer su visto bueno al paquete de medidas que Bruselas pide a Grecia para corregir las “graves deficiencias” en la gestión de su frontera. Una serie de preceptos que, de no cumplir con éxito, abrirán la puerta a prorrogar hasta un máximo de dos años los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea.
