Los ministros de Interior de la UE lograron ayer un acuerdo “por aplastante mayoría” para reubicar en un plazo de dos años y en el conjunto de los Estados miembros a 120.000 demandantes de asilo llegados inicialmente a Italia y Grecia, según confirmaron los ministros francés y alemán, Bernard Cazeneuve y Thomas de Meizer. Las condiciones del programa pactado, sin embargo, concretan el reparto por países de un primer cupo de 66.000 plazas y aplazan definir el resto del compromiso de acogida, es decir, 54.000 plazas, para más adelante, a la espera de que un tercer Estado miembro pida ser ayudado con este programa o se reasignen a inmigrantes llegados a Italia y Grecia.
El acuerdo salió adelante tras un primer intento fallido la semana pasada y pese al voto en contra de cuatro estados miembro —Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia— y la abstención de Finlandia, según informaron fuentes diplomáticas. El reparto de la responsabilidad entre los estados miembro incluyó cuotas de acogida incluso para los países que se posicionaron claramente en contra de esta iniciativa. “Nadie tiene derecho a no aceptar (refugiados) si la decisión ha sido adoptada”, advirtió al término de la reunión el ministro luxemburgués y mediador en la negociación, Jean Asselborn.
La propuesta inicial diseñada por la Comisión Europea planteaba reubicar a 120.000 demandantes de asilo procedentes de Italia, Grecia y Hungría, pero la negativa del Gobierno de Viktor Orbán a ser considerado beneficiario de este programa obligó a rediseñar la propuesta en este sentido.
Hungría pasó a ser considerado país de acogida para las personas con derecho a protección internacional, lo que se traducirá en una leve reducción de las cuotas asignadas inicialmente a cada Estado miembro, cerca de 15.000 plazas en el caso de España.
Así, se estableció un plan en dos fases que en la primera permitirá reubicar en los estados miembro a un total de 66.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia, los países más afectados por la crisis migratoria.
El documento del acuerdo, al que tuvo acceso Europa Press, atribuyó a España la reubicación de 8.023 personas, 1.896 llegadas de Italia y 6.127 de Grecia. El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, indicó asimismo que España “está en condiciones ya” de recibir a los primeros refugiados, aunque recordó que la puesta en marcha “inmediata” de los centros de registro en Italia y Grecia, para identificar y tomar las huellas de los inmigrantes, es un requisito previo indispensable para que arranque la iniciativa europea de reubicación.
“Confiamos en que este acuerdo se pueda implementar lo antes posible, lo deseable sería que desde mañana estuviésemos en condiciones todos los estados miembro”, declaró. Además, el ministro español negó que existiera una solidaridad “forzada” para los estados miembro que se oponen a la iniciativa y consideró que no son “reservas de fondo”, sino porque consideran otras alternativas para abordar “la raíz del problema”, y no sólo las consecuencias inmediatas de la crisis de refugiados en este caso.
“Es verdad que lo más urgente y prioritario es acoger a esos refugiados, pero también es verdad que hay que procurar que no haya más refugiados, porque son personas que huyen de la guerra, no voluntariamente”, concluyó. Los 54.000 restantes previstos en principio para ayudar a Hungría a aliviar la presión migratoria quedarán en una suerte de “reserva”, de modo que serán reubicados en una segunda fase y procederán también de Italia y Grecia, siempre y cuando ningún otro Estado miembro solicite en los próximos 12 meses acogerse al programa porque su capacidad de recepción se vea desbordada.
El peso que deberá asumir cada país de la Unión Europea para recibir a parte de los refugiados asignados a esta segunda fase no quedó definido en el acuerdo de ayer, aunque fuentes europeas consideraron que la clave de reparto será igual a la empleada para fijar las primeras cifras. Al término de la reunión, el ministro Cazeneuve quiso subrayar que el pacto fue posible también porque se atendió a la exigencia francoalemana de “reforzar” los controles en las fronteras exteriores de la UE y de establecer un “calendario claro” para la puesta en marcha de centros de registro y acogida (‘Hot Spot’).
En estos centros se “retendrá” a los inmigrantes mientras se tramita su solicitud de asilo y desde donde serán devueltos a su país de origen.
