Ángel Gracia Ruiz
El pasado día 10 de enero de 2025, a las diez horas y cuatro minutos, tuvo entrada en el Congreso de los Diputados un esperpento jurídico denominado “Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales Frente al Acoso Derivado de Acciones”. Dejando hoy de lado la modificación del delito de ofensa a las libertades religiosas, que mete con calzador, me centro exclusivamente en la modificación de la intervención de la Acción (acusación) popular y la recusación de los jueces que no le interesa al dictador de la norma que instruyan dichas causas.
La finalidad de la Proposición es evidente, a la vista de los demoledores y abundantes procedimientos abiertos frente a miembros del gobierno o de la familia del proponente, no sólo sustentadas por los Juzgados instructores, sino además, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La intervención del ciudadano en el proceso penal viene reconocida expresamente por el artículo 125 de la Constitución, que matiza dos formas de intervención: Acción particular, basada en el artículo 24.1 CE, cuando se es directamente perjudicado y, acción popular, basada en este artículo 125 y que no precisa ser el ofendido y se encuentra regulada en los artículos 101 y siguientes Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como por innumerables sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, que vienen a determinar que “la participación ciudadana en la administración de justicia mediante la acción popular es una manifestación del principio democrático y debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los ciudadanos en el proceso penal”.
El dictador (de la norma y más allá de ella) restringe gravemente el ejercicio de la acción popular mediante la modificación de los artículos 101 a 113 LECrim, vulnerando al Texto Constitucional tanto desde un punto de vista de fondo como de forma.
En cuanto al fondo, por cargarse un derecho constitucional reconocido mediante la modificación de determinados artículos de una Ley Orgánica (LECrim). Y no sólo eso, sino incluyéndose además una Disposición Transitoria Única que pretende su aplicación en los supuestos anteriores a la entrada en vigor de la norma, demoliendo el principio constitucional de irretroactividad de las leyes. Su única finalidad es el archivo de todos los asuntos “vivos” frente a amigos, colegas y familiares.
En cuanto a la forma elegida (Proposición de Ley Orgánica, en lugar de Propuesta de Ley), se lleva a cabo para evidenciar las “prisas” de su entrada en vigor, el interés personal en ello y eludir la obligación de los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal que requeriría el proyecto de ley. Oliva, portavoz de la AJFV señala que “el PSOE ha optado por «la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro”.
Todas, absolutamente todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista afín al propio gobierno, se han manifestado en contra de esta modificación. Pero ya, el hecho de tener en su mano la elección del juez que tiene que instruir la causa, resulta lo más abyecto con lo que un abogado se haya podido encontrar jamás.
Todo lo anterior, hay que ponerlo en relación con ese intento, además, de modificar todo el proceso penal robando la instrucción al juez instructor, otorgándosela a una fiscalía comprada y dependiente de un gobierno, cuando no lo es. Una simple lectura de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, nos lleva a la clara idea de que los fiscales “no dependen del gobierno”, como manifiesta el jefe. De este modo, aunando la instrucción y la acusación en un ministerio fiscal dependiente del gobierno, adiós derecho.
Que un Fiscal General del Estado haya sido ya citado para declarar en calidad de imputado (el 29 de enero), junto con la Fiscal Provincial de Madrid y otros fiscales, ante la evidencia de las investigaciones, sigan en su cargo, es inaudito, puesto que el fiscal que se encarga del asunto se encuentra bajo sus propias órdenes. El propio Tribunal Supremo señala en la resolución de citación como imputado dictada hace unas horas, la evidente “intervención de la presidencia del gobierno”.
Por si no fuera suficiente, también se encuentran tratando de modificar el cuerpo de investigación más importante (la UCO) y de controlar la opinión de toda persona o medio.
La conquista por el Gobierno del poder judicial a través de la utilización y del nombramiento de juristas en cargos públicos (citaré sólo unos pequeños ejemplos que sería maravilloso poder desarrollar: Baltasar Garzón, Dolores Delgado, Margarita Robles, Marlaska, Conde Pumpido) que se pasan de juristas a políticos en un abrir y cerrar de ojos y vuelven a jueces, fiscales o abogados en un cerrar y abrir de ojos, al servicio del dictador, resulta bochornoso.
Un gran número de abogados particulares han manifestado su indignación ante este ataque. Lo cierto es que uno ejerce como abogado para defender a sus clientes y a sí mismo de las acometidas de lo injusto.
Existen actuaciones, mucho más allá de las siglas o nombres de los partidos cuya finalidad no es otra más que el establecimiento en el poder y la personal (que incluye a la familia y socios) impunidad frente a la ley para llevar a cabo el desarrollo de toda una distorsión mental sobre la idea del dinero y el poder. La historia nos relata este suceso indefinidamente a través de diversos personajes. Es el devenir que hemos observado últimamente en Cuba, Nicaragua, Venezuela y, desgraciadamente, ahora, en España.
Nos estamos encontrando con un ataque al derecho jamás ocurrido hasta la fecha, contra todos los principios sobre los que el derecho se asienta, desde el orden eterno, el derecho natural, el antiguo derecho griego o romano. El caso es que no sólo estamos contemplando este asalto, sino que, por si no fuera suficiente, somos nosotros quienes lo estamos pagando para posteriormente soportar sus consecuencias.
Desgraciadamente, no veo institución que sea capaz de defendernos de esta invasión salvo el derecho. Si permitimos que lo destruyan, prepárese el lector para dejar de ser humano para convertirse en esclavo.
