Quizá para demostrar por qué es el socialista mejor valorado por los votantes del PP, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se alejó ayer del radicalismo de sus compañeros de partido, empeñados en envenenar la vida política española a cuenta de la querella del Supremo contra el juez Baltasar Garzón por investigar las desapariciones del franquismo. Lejos de repetir las acusaciones de connivencia con la tortura o impunidad para el dictador, el manchego recordó que, en el marco de un Estado de Derecho, es el alto tribunal quien tiene que tomar la decisión sobre el futuro del magistrado «y hay que respetarlo».
A su salida del desayuno del Fórum Europa protagonizado por el diputado y ex líder de IU Gaspar Llamazares, Bono puntualizó que «no hay que creer en los jueces. Se cree en dios, aunque no se ve, pero no se cree en los dentistas, ni en los periodistas, ni se cree en los jueces. A los jueces les pasa como a los dentistas, que cuando te sacan una muela que no es la que te duele, le dices al vecino que no vaya a ese dentista», argumentó.
En su intento por rebajar el tono de la polémica, el jefe de la Cámara Baja aseguró que él no le desea mal a nadie, «y mucho menos a un amigo como Garzón», y apeló a unas palabras que había pronunciado pocos minutos antes Llamazares al plantear que «para tener un futuro amable es necesario un presente amable».
Al hilo, Bono y subrayó que a veces da la impresión de que la economía española «necesita gasolina, pero nuestra convivencia no». «Lo que se necesita es más amabilidad y sentido común. Ha costado mucho construir la democracia en España para que el insulto, la descalificación, la falta de sentido común, se apoderen de nosotros», concluyó el socialista tras subrayar, de nuevo con el Supremo en mente, que «es muy bueno también que los tribunales se hagan respetar utilizando el sentido común».
La templanza del jefe del Legislativo fue un oasis en el desierto de improperios que, un día más, cruzaron socialistas y populares a cuenta del caso Garzón. Así, el responsable de Comunicación del partido de Mariano Rajoy, Esteban González Pons, tildó de «radical» la manifestación del pasado sábado en defensa del magistrado, e insistió en acusar al Gobierno de «minar la credibilidad de instituciones neutrales», como el Supremo, y, por extensión, «de minar el sistema democrático». Además, el dirigente conservador recalcó que el fin último del Ejecutivo con sus «declaraciones altisonantes» y la creación de «polémicas» que, a su juicio, nada tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos, es «tapar la crisis económica».
La réplica del partido de Rodríguez Zapatero no se hizo esperar y llegó por mediación de su número tres, su secretaria de Organización, Leire Pajín, quien recurrió de nuevo a los lugares comunes para resaltar que «después de 30 años de sólida democracia, por la que hemos luchado mucho, algunos dejándose la vida incluso, nuestra democracia goza de muy buena salud, a pesar de los ataques continuos que la derecha española y los dirigentes del PP hacen a fiscales, Policía y jueces».
Al igual que su compañero, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien asistió al acto sindical convocado días atrás por los sindicatos en apoyo al magistrado y en el que se acusó expresamente a los jueces del Supremo de amparar los crímenes del régimen anterior, se mostró convencido de que ejercitar los derechos que recoge la Constitución
-como el de expresarse libremente, reunirse o manifestarse- «no solamente no daña a la democracia, sino que la fortalece, la hace «más sana y potente».
