El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga concluye que el preso, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado de su enfermedad sin salir de la cárcel. El informe, que contradice el que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, ha analizado a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica la esperanza de vida aproximada que tendría el etarra y el tratamiento médico más aconsejable a su situación.
También es contrario al informe elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava) que concluye que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel «porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria», según señaló el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que «ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital». En la misma línea se manifestó el secretario general de Instituciones Peniteciarias, Ángel Yuste.
«Irreversible», según el Hospital. Los forenses han trabajado sobre el informe clínico enviado por el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una «comisión médica» del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encuentra en una situación «irreversible» en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.
A este informe se han unido el historial clínico y la identidad de los médicos que firmaron el informe sobre Bolinaga, que fueron enviados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que la Fiscalía pusiera de relieve que no constaban en el primer documento remitido a la Audiencia Nacional.
Libertad condicional. El carcelero de Ortega Lara disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario, que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por «razones humanitarias» y «a pesar de la entidad de los delitos cometidos», una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la cárcel.
En todo caso, le imponía como condiciones el «alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas», la «prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia» y la imposibilidad de «ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia».
La decisión sobre la libertad condicional de Uribetxerria Bolinaga depende ahora de la decisión que adopte el juez Castro tras recibir el informe que elabore la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
