Los controladores aéreos y el Ministerio de Fomento se mostraron ayer dispuestos a buscar una solución negociada al conflicto que mantienen desde hace seis meses y que ha generado una posible convocatoria de huelga por parte de ese colectivo para agosto.
Los motivos del pulso entre los controladores y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que depende de Fomento, son las diferencias sobre el nuevo convenio colectivo, la nueva ley aprobada por el Gobierno el 14 de abril, que regula la navegación aérea, y dos decretos aprobados recientemente, uno que organiza los turnos de trabajo y otro que liberaliza estos servicios.
Aunque la convocatoria todavía no se ha concretado y está pendiente de las reuniones que empezaron ayer la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, tanto el sector turístico como las aerolíneas han mostrado su profunda preocupación por el impacto económico que puede tener una huelga o, incluso, la simple amenaza de convocarla.
USCA no ha querido marcar una fecha del calendario para la huelga ni ha precisado si durará una jornada o varias, aunque ha reiterado que, de convocarse, ésta tendría lugar después del 16 de agosto, dados los plazos legales que deben respetarse.
El secretario de Comunicación del sindicato, César Cabo, declaró que los controladores esperan un «gesto» de Fomento antes de tomar una decisión y añadió que sería «bueno» que en la reunión entre las dos partes se lograra algún tipo de «acercamiento». Cabo admitió que una huelga «no gusta a nadie» y explicó que la posibilidad de convocarla supone su última baza y se debe tomar como un «aviso» para AENA. El portavoz sindical comunicó que confía en una señal positiva por parte de AENA y de Fomento y avanzó que «una reunión con el ministro podría servir para encontrar una solución».
Por su parte, el titular del Ministerio, José Blanco, tras calificar de «injustificada» la convocatoria de huelga y acusar a los controladores de querer mantener sus privilegios, manifestó su intención de «dialogar», aunque siempre dentro de los márgenes de la nueva ley.
Según argumentó USCA, Blanco debe decidir si quiere una huelga, porque lleva seis meses sin permitir avances en las negociaciones del convenio y «provocando» con decretos, como los dos últimos que regulan el trabajo de los controladores y que «aún no han salido publicados en el BOE». La organización también criticó la política de formación de los nuevos controladores, que podrían seguir cursos en entidades privadas. Según el sindicato, con esta medida los aspirantes tendrán que pagar 35.000 euros por un curso de torre y 45.000 por un curso de radar.
Pese a que la convocatoria del paro no es aún firme, se multiplican las reacciones desde los sectores turísticos y del transporte aéreo, que exigen a Fomento que fije unos servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de las líneas y que evite que los usuarios y las compañías sean perjudicados.
