Poco a poco, se van revelando datos sobre las razones por las que la Abogacía del Estado impugnó ayer las 254 listas de Bildu, «el plan B de ETA». A su juicio, dirigentes de Batasuna «de primer nivel» (incluyendo los de la Mesa Nacional) pilotaron el proceso de configurar las listas electorales de esta coalición, llegando a designar a personas concretas en algunos municipios y estableciendo los criterios generales pactados, evitando incluir a candidatos excesivamente significados con anterioridad, para lo que llegaron a acudir a «presiones personales». Estos datos se cimentan en diversas conversaciones, reuniones y comunicaciones intervenidas.
Así, la Abogacía citó el ejemplo de Elorrio. El cabeza de lista no quería concurrir y fue coaccionado por el actual primer edil de ese municipio y la alcaldesa de Bergara -ambos pueblos gobernados por la ilegalizada ANV-, donde trabaja como policía local.
En una comunicación intervenida, el regidor del enclave vizcaíno, Nicolás Moreno, tras expresar a su interlocutor su malestar por utilizar el teléfono, le explica el sentido de la coalición: «En vez de Sortu, hay un grupo con Eusko Alkartasuna y con Alternatiba, que es para que sea algo legal».
En el recurso aparece otra conversación, en este caso entre el batasuno Juan Cruz Aldasoro y Pedro María Larrea, en la que «se pone de manifiesto que la estrategia abertzale se extiende a la propia designación de los interventores de Bildu cuando se plantea la posibilidad de incluir como interventores a los de Alfonso Sastre», una opción que finalmente fue descartada por el riesgo que suponía.
Este sujeto encabezó la lista de Iniciativa Internacionalista- La Solidaridad para los Pueblos (II-SP) en las pasadas elecciones europeas. Esta agrupación fue proscrita por el Supremo, que la consideró continuadora de Batasuna, pero finalmente recibió el aval del Tribunal Constitucional.
Otra de las charlas que figura en el informe de la Benemérita, y que ha sido recogida por la Abogacía, es la que mantuvo el líder de la izquierda abertzale en prisión, Arnaldo Otegi, con su mujer, Julia Arregui, sobre las actuaciones de conformación de la candidatura de Bildu en Elgoibar, el pueblo de ambos. «Hay que destacar que la misma tiene lugar el día 2 de abril, esto es, mucho antes de que se conociera públicamente la composición de la lista, o que ésta fuera objeto de publicación», recuerda el recurso, que destaca cómo se refieren a Bildu con el calificativo de «los nuestros», y el hecho de que la esposa del ex etarra «conocía perfectamente la composición de los cuatro primeros puestos de las papeletas electorales, figurando en primer lugar una persona vinculada a Batasuna, y repartiéndose los otros tres entre los dos partidos legales».
Existen más ejemplos de esta connivencia, aunque sigue resultando sorprendente que las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza actuaran con tanta rapidez a la hora de elaborar sus informes incriminatorios. En lo que respecta a la Benemérita, la periodista Pilar Cernuda comentó en Onda Cero que llevaban más de dos meses confeccionando miles de fichas de personas del entorno abertzale que podían ser susceptibles de refugiarse en Bildu.
Mientras, esta formación consideró una «aberración» que se impugnen todas sus listas, al tiempo que logró que Aralar, PNV y EB se reúnan con ella en breve, el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que calificó de «un indicio» la conversación de Otegi, justificó la impugnación en que la tercera fuerza de este grupo, que integran también EA y Alternatiba, es «directamente Batasuna», por lo que se trataría de una «cobertura» del partido ilegalizado.
