El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas saldrá de prisión si abona una fianza de 200.000 euros después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estimase parcialmente el último recurso interpuesto por su defensa para salir de la cárcel.
En el caso de que logre reunir ese dinero, que no podrá provenir de las cuentas que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le embargó en el marco del caso ‘Gürtel’, Bárcenas tendrá la obligación de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 todos los lunes, miércoles y viernes. Además, deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.
Así consta en un auto dictado en el día de ayer en el que los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel tienen en cuenta que la investigación de la “primera época” de actividades de la trama ‘Gürtel’, por la que Bárcenas se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, está “prácticamente concluida”.
Según los jueces, en el momento procesal actual, con la investigación prácticamente agotada y a punto de dictarse la apertura de juicio oral, existen “otras medidas cautelares que puedan mitigar” la medida de prisión acordada hace 19 meses.
El tribunal acogió por primera vez la pretensión de la defensa de Bárcenas, que está en la cárcel desde el 27 de junio de 2013, después de negarle la puesta en libertad en otras tres ocasiones(julio y diciembre de 2013 y mayo de 2014) y de que la propia Sala lo hiciera en otras cinco (septiembre y noviembre de 2013 y en marzo, junio y diciembre de 2014).
Los magistrados consideran que “en ningún momento consta” que el antiguo responsable de las finanzas populares “haya intentado sustraerse de la acción de los diversos órganos judiciales que han venido conociendo de las actuaciones desde que a mediados de 2009 se dirigieron contra el interesado”.
Para fijar la fianza de 200.000 euros, la Sala tuvo en cuenta los requisitos que fija la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del imputado y las demás circunstancias que pudieran influir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial. Concluyen que la fianza de 200.000 euros «concilia la pretensión de libertad que aspira con la garantía de evitar su fuga y la ocultación de posibles pruebas”.
