El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas, quien ayer declaró en calidad de testigo ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, afirmó que el partido abonó facturas en negro en las elecciones europeas de 2004, tratándose así del único pago ‘en B’ del que recordó tener constancia, según informaron fuentes jurídicas a los medios.
Durante el interrogatorio, efectuado a través de videoconferencia, Bárcenas apuntó asimismo que diversos empresarios pagaron de forma “generosa” la reforma de la sede del PP balear, si bien únicamente recordó el nombre del constructor Antonio Pinal y aseguró no recordar que, a cambio de sus donativos, los empresarios obtuvieran contratos públicos como contraprestación.
El que fuera senador, respondió a las preguntas formuladas por Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varias defensas, aludiendo de nuevo a la existencia de una contabilidad B en la formación, por lo que dedució que a nivel regional el partido también manejaba dinero opaco al fisco, ya que él también extesorero del PP Álvaro Lapuerta les había dado autonomía suficiente para controlar sus cuentas.
Bárcenas declaró así en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, que recientemente incoó el magistrado para investigar si se produjo una financiación irregular del PP balear y cómo se sufragó la reforma de su sede, tras las confesiones efectuadas en este sentido por el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos.
Confirmación
Asimismo, la Agencia Tributaria (AEAT) entregó un informe al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que certifica que el Govern balear, durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2003), adjudicó contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues SA, una de las empresas que habrían financiado de forma ilegal la reforma de la sede del PP insular.
El documento, al que tuvo acceso Europa Press, reveló las distintas operaciones cruzadas entre el Ejecutivo autonómico y Construcciones Brues SA así como Fernández Constructor, propiedad de Antonio Pinal, quien acudió en calidad de imputado a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, si bien se acogió a su derecho de no declarar.
En concreto, el informe señaló que en 2004 fueron declaradas ventas por 4,9 millones de euros entre el Govern y Brues; en 2005, por 9,9 millones; en 2006, por 11,5, y en 2007 por 784.393 euros, mientras que con Fernández Constructor las operaciones ascendieron a 29.942 euros en 2003, y fueron imputadas ventas por 4,9 millones en 2004.
En concreto, Castro solicitó a Hacienda información sobre las operaciones efectuadas entre las empresas de Pinal y —además del Govern— del propio PP, Matas, la mujer de éste, Maite Areal, el extesorero de la formación en las islas, Fernando Areal, la Fundación Antoni Maura, el arquitecto Miguel Ángel García-Inés, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, de los que no constan movimientos económicos. Del mismo modo, reclamó al Ejecutivo balear que aportase información de la que tuviera constancia en relación con las empresas investigadas en la trama.
