Bankia se reunirá mañana con los sindicatos, en la que se prevé que sea la última comisión de seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado el pasado mes de febrero, por el que se pactó la extinción de un total de 2.000 puestos de trabajo en el marco de la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum (BMN) en la entidad nacionalizada. El 100% de los despidos es voluntario.
Según fuentes sindicales, el ERE debía estar completado el pasado viernes 30 de noviembre, aunque todavía no recibió la comunicación oficial de que su ejecución haya finalizado.
No obstante, fueron convocados para una reunión mañana, en la que prevén que se les informe de forma oficial que todas las bajas del despido colectivo ya se produjeron. Hace dos meses todavía quedaban por salir de la plantilla algo más de 250 empleados.
Las mismas fuentes subrayan el hecho de que haya unas 1.500 personas a las que Bankia denegó atender su solicitud de salida, ya que a pesar de que el acuerdo contempla la salida de 2.000 empleados (frente a las 2.510 propuestas inicialmente), hasta 3.500 enviaron peticiones para acogerse al proceso.
El banco se reservaba el derecho de aceptar o no la adscripción en función de sus necesidades organizativas y de la conveniencia de mantener a un determinado trabajador por razón del puesto que ocupa, perfil profesional, competencia o rendimiento. También podía rechazar la adscripción voluntaria cuando el número de solicitudes sea superior al excedente de plantilla.
Según reconoció el consejero delegado Bankia, José Sevilla, a principios de verano, el reto de este ERE reside en que el ajuste tiene un peso distinto en función de la región. “Hay regiones donde hay más gente que se quiere ir de la acordada, y al revés, y tenemos que ver si conseguimos cuadrar y acoplar los intereses de todas las personas”, señaló.
De hecho, el presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, explicó recientemente que este ERE es, desde el punto de vista personal, “bastante sencillo”, ya que fue muy negociado. Al contrario, se lamentó del llevado a cabo en 2012, por el que se puso en la calle a 4.500 empleados y que calificó de “complicado”.
