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Bancos y cajas adeudan 14 millones a las comunidades de propietarios

por Redacción
7 de abril de 2013
en Castilla y León
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Las entidades financieras adeudan 14 millones a las comunidades de propietarios de Castilla y León, una cantidad que supone el 16,47 por ciento de la morosidad total que soportan estas agrupaciones de vecinos y que en la autonomía asciende a 85 millones. Además, la Comunidad es la sexta con mayor morosidad financiera, aunque lejos de Andalucía (46 millones), Cataluña (40 millones) y Madrid (36 millones).

Asimismo, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, los bancos, en ocasiones, no cumplen con sus obligaciones con las comunidades de propietarios y no abonan las cuotas fijadas. La morosidad financiera ha crecido en los últimos años a consecuencia de la crisis, primero, y después del estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria. Este proceso ha llevado a un gran número de promotoras, constructoras y, en menor medida, familias, a no poder hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, por lo que las entidades financieras, tras ejecutar los desahucios, se han convertido en los nuevos propietarios.

Sin embargo, la situación complicada de algunas entidades y las dificultades para gestionar los activos inmobiliarios han provocado que no abonen los pagos a las comunidades. Esto les motiva un problema económico, ya que deben asumir la cuantía de las cuotas impagadas o fomenta el deterioro del edificio.

Las deudas de las entidades con las comunidades de propietarios se elevaron hasta los 256 millones en 2012. El pasado año esta cifra no varió prácticamente respecto a 2011, a pesar de que los bancos se desprendieron de unas 110.000 viviendas. Por tanto, los administradores de fincas atribuyen los 256 millones al aumento de los pisos adjudicados a los bancos por los desahucios.

La creciente morosidad financiera ha tenido más impacto en zonas más pobladas, donde hubo mayor actividad inmobiliaria.

Cinco provincias de Castilla y León presentan unos niveles bajos de morosidad en comparación con el resto del país, ya que la deuda no supera el millón. Ése es el caso de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. En cada una, la morosidad con las comunidades de propietarios se eleva a seis millones, excepto en Segovia, donde es cinco.

Por el contrario, en León y Valladolid las deudas de los bancos con los vecinos ascienden a tres millones, aunque los impagos suman 16 y 18 millones, respectivamente. En Burgos y Salamanca, la morosidad financiera es de dos millones, si bien las deudas totales son de 12 en ambas.

Una comunidad de vecinos de una urbanización de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) sufre, en especial, los efectos de la morosidad financiera, puesto que la mayoría de las parcelas y viviendas pertenecen a bancos y cajas de ahorro. La quiebra de promotoras y constructoras ha convertido en nuevos propietarios a las entidades, que no suelen comunicar el cambio de titularidad y no abonan las cuotas, lo que les obliga a indagar los cambios a través del Registro de la Propiedad.

El presidente de la comunidad, Raúl Montes, explica que el 90% de las deudas son de bancos y entidades de ahorro. Sostiene que suelen saldarlas cuando venden la vivienda, pero advierte de que los impagos obligan a los vecinos a pagar el doble de cuota.

Otros morosos.- Miguel Ángel Laguna, abogado de Lexfincas, señala que en algunas comunidades las entidades financieras «cumplen con el pago» de cuotas. Sin embargo, esta compañía, que desarrolla su actividad en Valladolid, admite que «en contadas ocasiones informan de que son los nuevos titulares».

Por tanto, el problema que aprecia dista de las cajas y bancos. Lo vinculan más al impago de las cuotas por parte de las constructoras y promotoras, «que en numerosas ocasiones son propietarios de buena parte de las viviendas». En este sentido, cuentan con algún caso en Valladolid en el que la promotora de un edificio es titular del 80% de las viviendas e «incumple sus compromisos con la comunidad». «Esto supone dejarla en una situación muy precaria, con deudas con los proveedores, cortes de suministros y tener que precintar elementos comunes, como ascensores, porque no se puede pagar el mantenimiento», lamenta.

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